Por Manolo Fernández

Lo que hoy vivimos en el Perú no es una campaña electoral: es una guerra silenciosa por el control del Estado. La corrupción estructural, el narcotráfico territorial, la minería informal impune, la izquierda caviar instrumentalizada, los expresidentes enriquecidos y la sumisión del Poder Judicial han creado una maquinaria perfecta. Y como si eso no fuera suficiente, ahora se suma una nueva maniobra: la postulación de más de 40 candidatos presidenciales, no como expresión democrática, sino como estrategia de fragmentación y distracción. Un país en disputa, no en elecciones. ¿Más de 40 aspirantes presidenciales en un país sumido en crisis? Eso no es pluralismo, es confusión planificada. Muchos de estos candidatos no tienen intención real de ganar; su presencia responde a otros fines: dividir el voto, distorsionar el debate, negociar impunidad, colocar voceros en el Congreso, o simplemente servir como peones de quienes manejan el juego desde las sombras.

Cada candidatura fantasma, improvisada o financiada por oscuros intereses, es una bofetada al ciudadano, que debe elegir entre una maraña de nombres sin propuestas, sin trayectoria y, muchas veces, sin escrúpulos. Esta fragmentación deliberada bloquea la consolidación de alternativas reales, y allana el camino para que los verdaderos titiriteros definan al ganador.

En esta jugada maestra, la justicia no es un poder, es un comodín. Muchos de los candidatos tienen investigaciones abiertas o pasadas por corrupción, lavado de activos o nexos con mafias. Pero aun así postulan. ¿Por qué? Porque controlan jueces, fiscales o procesos.  La inmunidad parlamentaria es su escudo, y las campañas, su salvoconducto.

La ciudadanía ha perdido la fe en que los corruptos terminen en la cárcel. Más bien, ve cómo son premiados con embajadas, curules o espacios televisivos. El sistema judicial no solo no castiga: protege, negocia, se arrodilla.

Los expresidentes como amos del juego, alejados de la vida pública pero no del poder, los expresidentes corruptos continúan gobernando entre sombras. Han tejido redes económicas, judiciales y mediáticas. Con el dinero que robaron durante sus mandatos, compran voluntades, financian partidos zombis y operan tras bambalinas. Han aprendido que es más eficaz no estar en Palacio, pero sí tener al presidente de turno en el bolsillo.

La minería ilegal y narcotráfico vinculados al financiamiento sin control, ambas economías criminales —con presencia territorial, armamento y estructuras de poder— han entendido que no necesitan dar golpes de Estado: les basta con financiar campañas, comprar alcaldes, y asegurarse congresistas aliados. Y lo han logrado. Hoy son actores políticos que redactan leyes, definen presupuestos y destruyen cualquier intento de regulación.

En esta gran jugada, los “caviares” han sido los árbitros vendidos del partido. Con el lenguaje de derechos humanos como estandarte, han capturado instituciones, medios de comunicación, universidades y ONG. Defienden la democracia, pero callan ante el saqueo si el ladrón es “de los suyos”. Su rol no ha sido transformar el país, sino legitimar el modelo de impunidad bajo un disfraz moral.

El Perú necesita despertar, la postulación de más de 40 candidatos no es apertura democrática, es la última trampa de una élite delincuencial que ha comprendido que, si controlan el caos, controlan el poder. Estamos frente a un sistema viciado que ha dejado de representar al pueblo para representar a mafias, corporaciones ilegales y caudillos reciclados.

El Perú no necesita más elecciones amañadas, necesita una refundación ética, política y judicial. Si el pueblo no despierta, lo seguirán condenando a elegir entre los verdugos que lo han saqueado una y otra vez.