Por Alan Burns

La reciente promulgación de la Ley N.º 32419, publicada el 14 de agosto del presente, que en su artículo primero concede amnistía a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú, y a los que hayan sido integrantes de los Comités de Autodefensa que se encuentren denunciados, investigados o procesados por hechos delictivos derivados u originados con ocasión de su participación en la lucha contra el terrorismo entre los años 1980 y 2000, ha desatado una oleada de indignación entre diversas organizaciones de derechos humanos. Estas exigen explicaciones, no por las víctimas del terrorismo, sino por los terroristas muertos o desaparecidos durante los años más oscuros de nuestra historia reciente, como si el Estado, al defender la vida y la seguridad de millones de peruanos, debiera rendir cuentas por haber enfrentado a quienes sembraron el horror.

Ante esta reacción, resulta imperativo refrescar la memoria colectiva de quienes vivimos aquellos años, y transmitir con honestidad a las nuevas generaciones la verdadera dimensión de lo que significó enfrentar el terrorismo. Durante ese periodo incierto, los grupos subversivos —Sendero Luminoso y el MRTA— ejecutaban asesinatos selectivos, emboscadas a miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, y eliminaban sin piedad a cualquier ciudadano que se negara a acatar sus órdenes. En su avance del campo a la ciudad, reclutaban jóvenes mediante el terror, muchos de los cuales morían en enfrentamientos por falta de entrenamiento, y luego eran presentados como víctimas del Estado, distorsionando la verdad.

¿Cómo podían las fuerzas del orden distinguir entre un terrorista y un joven inocente arrastrado por el miedo a una muerte segura? La perversidad de estos grupos criminales, amplificada por ONG´s y ciertos medios de comunicación afines, logró instalar la narrativa de que los militares y policías asesinaron inocentes con el beneplácito de las autoridades, cuando en muchos casos se trató de enfrentamientos inevitables en un contexto de enfrentamiento contraterrorista o contrasubversivo.

Con el paso del tiempo, la imposibilidad de individualizar responsabilidades en muchas muertes de civiles inocentes convirtió los procesos judiciales contra militares y policías en interminables calvarios, con consecuencias devastadoras para ellos y sus familias. ¿Quiénes, entonces, cargan con la mayor responsabilidad por esas muertes? No cabe duda: los miserables delincuentes terroristas de Sendero Luminoso y el MRTA.

Es justo que los familiares de las víctimas —muchas de ellas inocentes— puedan encontrar los restos de sus seres queridos y brindarles una sepultura digna. Pero no podemos reducir ese dolor a una compensación económica, como si la vida humana tuviera precio. Lamentablemente, algunas organizaciones no gubernamentales han convertido este sufrimiento en una fuente de lucro, exacerbando los reclamos y gestionándolos con fines ajenos al verdadero sentido de justicia.

Y entonces surge una pregunta inevitable: ¿qué exigieron esas mismas organizaciones por las esposas, hijos, padres y familiares de Carlos Ponce Canessa (SL, 05/05/86), Gerónimo Caeerata Marazzi (SL, 14/10/86), Juan Carlos Vega Llona (SL, 06/12/88), Enrique López Albújar Trint (MRTA, 09/01/90); asesinados con alevosía? ¿Qué dijeron por Juan Alfonso Valer Sandoval y Raúl Gustavo Jiménez Chávez, muertos en combate durante el rescate de la embajada japonesa (MRTA, 22/04/97)? ¿Y por los siete Húsares de Junín muertos y los 16 heridos y mutilados (SL, 03/06/89)? ¿Por los 19 muertos en Tintaypunco, Huancavelica (SL, 10/10/2008)? ¿Por los 13 militares emboscados en Sanabamba, VRAE, Ayacucho (SL, 09/04/2009)? ¿Por los 12 muertos —incluidos dos civiles— en Matichaca, Junín
(SL, 09/04/2016)?

¿Dónde estuvo la indignación cuando se liberó a Maritza Garrido Lecca (SL, 11/09/2017), Martha Huatay (SL, 16/10/2017), Peter Cárdenas Schulte (MRTA, 22/09/2015), Jaime Castillo Petruzzi (MRTA, 14/10/2016), Víctor Zavala Cataño (SL, 21/06/2016), Zenón Vargas Cárdenas (SL, 15/09/2015), Braulio Guille (SL, 19/11/2016), Bartolomé Chipana Tocno (SL, 14/10/2016), Alfonso Rojas Fernández (SL, 2015), Erdman Cierto Rojas (SL, 2015), Nancy Gilvonio Conde (MRTA, 24/09/2010), Lori Berenson (MRTA, 02/12/2015), Osmán Morote Barrionuevo (SL, 17/04/2018), Margot Liendo Gil (SL, 17/04/2018)? La memoria no puede ser selectiva.

La justicia, menos aún.