Un nuevo escándalo de presunta megacorrupción golpea al Gobierno Regional de La Libertad, liderado por César Acuña. Lo que en un inicio parecía una denuncia por irregularidades valorizadas en 300 millones de soles, ahora se ha expandido hasta alcanzar los S/2,000 millones en diferentes regiones del país, en lo que ya ha sido bautizado como el “Lava Jato argentino”.

El caso involucra a los esposos Francisco Javier Ávila y Cecilia del Milagro Barrenechea Méndez, de nacionalidad argentina, cuya empresa respaldó la experiencia de la joven Lucero Coca para que obtuviera un contrato de S/192 millones destinado a la reconstrucción del hospital de Virú. Aunque registros oficiales negaron reuniones entre el padre de la joven y César Acuña, el portal La Pista Clave reveló que Ávila sí sostuvo encuentros con el gobernador regional en representación de la firma Riva S.A. Inmobiliaria Industrial Comercial Financiera y Agropecuaria, que ha acumulado más de 1,500 millones en contratos a nivel nacional.

Según la denuncia periodística, esta empresa pasó de facturar apenas 28 mil soles con el Estado hasta el 2023, a ganar licitaciones por cientos de millones desde mediados de 2024. Entre ellas figura la obra del nuevo palacio regional en La Libertad, valorizada en 152 millones, además de otros contratos en el sector Salud bajo la gestión del ministro César Vásquez, cercano al líder de Alianza para el Progreso.

En respuesta, la administración regional anunció que revisará los contratos suscritos con el denominado Consorcio Hospitalario del Norte, encargado de la ejecución del nuevo Hospital Santa Isabel de El Porvenir. Acuña afirmó en la red X que, de confirmarse falsificación de documentos o actos indebidos, se procederá a anular los convenios y denunciar a los responsables. La Fiscalía Anticorrupción ya investiga posibles irregularidades en la adjudicación del Corredor Vial Norte y en la ampliación del mencionado hospital.

El congresista Juan Burgos exigió que César Acuña sea citado por la Comisión de Fiscalización del Parlamento para explicar su papel en estas adjudicaciones. El legislador instó además a la Fiscalía de la Nación y a la Contraloría a actuar con celeridad, advirtiendo que el caso compromete tanto a la gestión regional de La Libertad como al Ejecutivo de Dina Boluarte.