Por Madeleine Osterling, publicado en Expreso

Nuestra administración de justicia está plagada de corruptos y vende patria, pero son intocables, están por encima del bien y del mal. Natale Amprimo (Correo 20/07/2025) es clarísimo en expresar que la Fiscalía no debe ser usada como arma política; es un clamor general que siempre cae en oídos sordos porque lo cierto es que el MP, con el absoluto respaldo de los caviares (debilitados pero que aún respiran y hacen daño), sigue jugando con la libertad, el honor y la dignidad de las personas.

Jaime Villanueva ha vuelto a hablar fuerte y claro, esta vez ante el Congreso y NO PASÓ NADA. Entre las muchisimas denuncias que comprometen a todos los fiscales supremos, ratificó que los términos del Acuerdo de Colaboración fueron impuestos por la propia Odebretch, vale decir, por la acusada, por la empresa que más daño le ha hecho a nuestro país. La sacó baratísima: se le permitió seguir operando en el Perú (solo cambiaron de nombre), pudo proteger parte de sus activos (vendió la hidroeléctrica de Chaglla por $1,400M y no destino un centavo a la reparación) y ser tratada como una aliada del sistema judicial. “A maior farsa da historia” orquestada por Vela Barba y Pérez que, conjuntamente con sus jefes caviares, quienes digitan todos sus movimientos, son absolutamente intocables.

Habría que hacer una cruzada para quebrar a la red endogámica que sostiene al círculo caviar: ONG – Estado – Academia, donde sería esencial mayor firmeza por parte de APCI para un verdadero control de la ayuda internacional –sin dinero no son nadie– hacer una limpieza en el Estado de los consultores y funcionarios aliados que rotan entre ministerios y entidades públicas y, deslegitimar a universidades como la PUCP que producen “una supuesta evidencia” para fortalecer la agenda ideológica. No son muchos, pero están perfectamente organizados y respaldados por la cooperación internacional, esa de aquellos países que tranquilizan sus conciencias y limpian sus culpas históricas con una hipócrita moralidad. Otros aportantes, solo quieren desestabilizar y capturar el poder.

Era absolutamente previsible que las mesas técnicas de diálogo fracasaran. Este gobierno le tiene pavor a la calle y no resiste la presión de ninguna índole. Siempre cede al chantaje porque le huye a las decisiones polémicas. Es absolutamente escandaloso que se pretenda “revisar” los expedientes de más de 50,000 mineros ilegales excluidos del REINFO por no cumplir los requisitos básicos de formalización. Una tomadura de pelo. ¿Caso por caso? Tomará una eternidad y mientras tanto seguirán presionando para evitar medidas de interdicción y fiscalización. El gobierno tiene la responsabilidad de preservar la majestad de la ley y no negociar con la ilegalidad, pero se arrodillaron rápidamente, premiando a los criminales y alimentando al monstruo. Lo dijo claramente Hannah Arendt: “la banalización de la ilegalidad destruye el fundamento moral de las instituciones”.

La minería ilegal manda en el Perú, no existe ninguna duda. No solo por la cantidad de dinero que mueven ($12,000M, equivalente al de las exportaciones formales y creciendo exponencialmente), sino por tratarse en un sistema económico paralelo, muy rentable, capaz de comprar todas las voluntades que necesita. Además, cuentan con el respaldo de muchos congresistas que la defienden solapadamente porque son beneficiarios directos o porque tienen vínculos familiares o empresariales. El Parlamento se ha convertido en un verdadero muro de contención contra cualquier intento serio de enfrentar a esta mafia criminal, en complicidad con muchas autoridades locales que extienden permisos falsos y muy penosamente, algunas fuerzas policiales.

Nuestro gran problema es que no hay gobierno. Lo que tenemos es un conjunto de funcionarios públicos de tercera categoría con una banda ministerial al pecho y demasiado poder que ni merecen ni saben ejercer. ¿Qué se puede esperar? Simplemente hay que seguir sobreviviendo en piloto automático y confiar que mejores vientos soplen en el 2026.