La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso decidió archivar la denuncia presentada contra Patricia Benavides, exfiscal de la Nación, pese a que se le imputaban delitos como organización criminal, cohecho pasivo específico e impropio, abuso de autoridad, encubrimiento personal y obstrucción a la justicia. La denuncia fue formulada por la fiscal Delia Espinoza por hechos presuntamente cometidos durante la gestión de Benavides al frente del Ministerio Público.

Con siete votos en contra, seis a favor y dos abstenciones, el informe que recomendaba admitir a trámite la denuncia fue rechazado y el caso quedó archivado. La inclusión del informe en la agenda se dio de manera sorpresiva y fue sometido a votación sin debate previo, lo que ha generado cuestionamientos sobre la transparencia del procedimiento y posibles motivaciones políticas.

La denuncia sostenía que Benavides habría liderado una red criminal en el interior de la Fiscalía para manipular investigaciones y proteger a personajes cercanos. La estructura señalada por Espinoza involucraba una jerarquía orientada a beneficiar intereses particulares desde la cúpula del Ministerio Público. Con la decisión del Congreso, se descarta cualquier evaluación de fondo en la vía constitucional.

Críticos del procedimiento denunciaron que la rapidez con la que se votó el informe y su tratamiento sin deliberación son señales preocupantes de blindaje institucional. Además, la decisión cierra la posibilidad de una sanción política, aunque no impide que continúen las investigaciones penales en otras instancias.

Tras la decisión, Benavides también rechazó la reciente suspensión dictada en su contra como fiscal suprema, calificándola de inconstitucional. Sostuvo que su labor se ha realizado conforme a ley y denunció una campaña de ataques por negarse a presiones externas. Asimismo, cuestionó la legalidad del proceso disciplinario previo que derivó en su salida del cargo, afirmando que se violaron sus derechos fundamentales.