Hungría continúa su enfrentamiento con las instituciones europeas debido a su negativa a aceptar inmigración ilegal y a aplicar las políticas de asilo fijadas por la Unión Europea. Desde 2024, el Gobierno de Viktor Orbán paga una multa diaria de un millón de euros impuesta por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), luego de que el país incumpliera las normas comunitarias sobre procedimientos de protección internacional y gestión de migrantes irregulares.

El conflicto se remonta a diciembre de 2020, cuando el TJUE determinó que Hungría violaba el derecho europeo en materia de asilo. Budapest desoyó la sentencia y, en junio de 2024, el tribunal impuso una sanción sin precedentes: 200 millones de euros como pago inicial y un millón de euros adicionales por cada día de retraso en la implementación de las medidas exigidas. Pese a ello, el gobierno húngaro no modificó su postura migratoria.

Viktor Orbán ha convertido la multa en una expresión de resistencia política frente a lo que califica como presiones ideológicas del bloque europeo. Según el mandatario, los burócratas de Bruselas priorizan la llegada de inmigrantes ilegales por encima de la seguridad de los ciudadanos europeos. En sus declaraciones, señaló que prefería pagar la sanción antes que “poner en peligro” a su país.

La tensión escaló cuando la Comisión Europea inició procedimientos para retener automáticamente fondos destinados a Hungría dentro del presupuesto comunitario. Orbán acusó a Bruselas de ejercer “chantaje político disfrazado de justicia europea” y reafirmó que su decisión es más económica que permitir el ingreso de migrantes, a quienes considera un riesgo para la seguridad del país.

En paralelo, Hungría ha impulsado políticas orientadas a reforzar su soberanía frente a la influencia exterior. En 2023 creó la Oficina para la Defensa de la Soberanía Nacional, encargada de investigar la injerencia extranjera en la política y los medios. La Comisión Europea reaccionó con otro expediente sancionador, argumentando que la oficina podría limitar la libertad de asociación.

Orbán se ha consolidado como una de las voces más influyentes del bloque conservador en Europa, defendiendo un modelo de fronteras estrictas y control migratorio. Para el gobierno húngaro, la política migratoria europea ha fracasado, mientras que su país mantiene una de las tasas más bajas de inmigración dentro de la UE. Su mensaje es claro: preservar la seguridad y la identidad nacional justifica asumir el costo económico de desafiar a Bruselas.