Un juez federal del Distrito Sur de Nueva York emitió una decisión que cambia la trayectoria del caso Rutas de Lima y, en muchos sentidos, la propia lucha de Lima contra la corrupción. El juez autorizó al Estado Peruano y a la Municipalidad Metropolitana de Lima a solicitar registros financieros dentro del sistema bancario estadounidense vinculados al origen y financiamiento de la concesión.

Esto incluye citaciones a Brookfield Asset Management, Scotiabank, varios bancos internacionales, KPMG, la red de compensación CHIPS y el Banco de la Reserva Federal de Nueva York. Por primera vez, el Perú tendrá acceso a datos financieros internos y registros de debida diligencia capaces de mostrar qué ocurrió realmente con el dinero detrás de Rutas de Lima.

No se trata de un trámite rutinario. Es una de las autorizaciones de discovery más amplias jamás otorgadas en Estados Unidos en un caso de concesión presuntamente vinculada a corrupción. Ninguna institución peruana había conseguido acceder a información de este nivel dentro del sistema bancario norteamericano. El Perú y la MML han abierto una puerta que siempre estuvo cerrada.

Lo más importante es que la decisión permite a Lima y al Estado Peruano rastrear el flujo de fondos entre 2013 y 2016, el periodo exacto en que Operaciones Estructuradas de Odebrecht estaba activa y cuando Brookfield adquirió su participación mayoritaria en Rutas de Lima. Esto permitirá, por primera vez, determinar si pagos ilícitos o transferencias irregulares influyeron en la adjudicación de la concesión o en su posterior venta. Durante una década, estas preguntas han rondado el caso sin una manera real de obtener respuestas definitivas. La ruta del dinero siempre fue la pieza faltante. Ahora, por primera vez, el Perú podrá seguirla.

El fallo también confirma la estrategia de largo plazo impulsada por Rafael López Aliaga. Desde el inicio, él sostuvo que Lima debía ir más allá de las instituciones locales y buscar evidencia en jurisdicciones con capacidad real de obligar la entrega de información financiera global. Tras un primer intento denegado sin perjuicio, Rafael insistió en volver a presentar el caso en Estados Unidos una vez que el Estado Peruano se sumara formalmente. La decisión de hoy confirma que tenía razón. El juez concedió el pedido en su totalidad.

Este giro tiene consecuencias de gran alcance. Los dos laudos arbitrales previos contra el Perú —aproximadamente 200 millones de dólares— fueron decididos sin acceso a la evidencia que ahora podrá obtenerse. Si la nueva información revela transferencias vinculadas a sobornos u otras irregularidades, podría abrir caminos para impugnar, revisar o defenderse frente a la ejecución de esos laudos. Conforme al derecho internacional, los contratos afectados por corrupción no generan derechos exigibles. Por primera vez, la MML podrá demostrar si ese principio se aplica en este caso.

La decisión también tiene un impacto enorme sobre el arbitraje de 2.7 mil millones de dólares iniciado por Brookfield. Ese reclamo descansa en la premisa de que la concesión de Rutas era limpia y, por tanto, protegida por tratados de inversión. Si los registros financieros cuentan otra historia, el corazón del reclamo de Brookfield queda seriamente debilitado. Los tribunales de inversión rechazan sistemáticamente proteger inversiones contaminadas por corrupción. Este fallo le da al Perú acceso a la evidencia necesaria para establecerlo.

Más allá de lo legal y lo financiero, este momento tiene un significado político y cívico profundo. Confirma una visión de liderazgo en la que Lima no acepta que corporaciones puedan adquirir activos contaminados y trasladar el costo a los ciudadanos. Reconoce que la Municipalidad tiene el derecho a defenderse y el deber de buscar la verdad cuando una concesión podría haber nacido de actos corruptos. Y posiciona a Lima, por primera vez, junto a los actores globales que exigen transparencia y responsabilidad corporativa en adquisiciones de infraestructura.

Los próximos meses serán intensos. Brookfield y Scotiabank probablemente intentarán retrasar o limitar el cumplimiento de las citaciones, pero el camino jurídico ya está trazado. Una vez que los registros comiencen a llegar, el Perú podrá reconstruir con precisión la verdadera historia financiera de la concesión, algo que nunca antes fue posible. Esa evidencia influirá de inmediato en los arbitrajes y en cualquier procedimiento futuro.

Por todo esto, la decisión merece cobertura periodística urgente y rigurosa. Es poco común que un caso peruano establezca un precedente global. Es aún más inusual que una municipalidad logre lo que Estados soberanos no han conseguido. El fallo es un punto de inflexión para los millones de limeños que han pagado el costo de la corrupción durante más de una década.

Y lo más importante: confirma que el camino que Rafael López Aliaga defendió —acudir al exterior y exigir acceso a la verdad— era el camino correcto. Lima y el Perú tienen ahora una oportunidad real de descubrir lo que ocurrió y corregir injusticias que parecían intocables.