La Comisión Permanente del Congreso aprobó, con 17 votos a favor y 6 en contra, la conclusión del informe final que recomienda inhabilitar por diez años a la expresidenta del Consejo de Ministros Betssy Chávez Chino para el ejercicio de la función pública.

El documento, sustentado por la congresista Lady Camones, sostiene que la exjefa del gabinete tuvo una participación decisiva en las acciones que favorecieron la estrategia del entonces presidente Pedro Castillo el 7 de diciembre de 2022, día en que se produjo la ruptura del orden constitucional.

Según el informe, Chávez condujo personalmente al equipo de TV Perú hacia el Despacho Presidencial para la emisión del mensaje a la nación, pese a que esa función correspondía a áreas especializadas. Además, indica que no se opuso al pronunciamiento en el que Castillo anunció la disolución del Congreso, ni realizó acción alguna para impedirlo, lo que constituiría una infracción a diversos artículos de la Constitución vinculados a la democracia y al Estado de Derecho.

Durante el debate, congresistas como Alejandro Cavero y Eduardo Salhuana respaldaron la recomendación, señalando que tanto Castillo como Chávez “intentaron socavar la institucionalidad desde adentro” y que el país debe aplicar sanciones firmes a quienes atenten contra el orden democrático. Alejandro Muñante, por su parte, criticó el desempeño de la defensa de Chávez, calificándolo de un espectáculo mediático, mientras recordó que el Tribunal Constitucional ya había calificado los hechos del expresidente como un golpe de Estado.

Con la aprobación del informe final, el caso será elevado al Pleno del Congreso, donde se definirá si procede la acusación constitucional y la inhabilitación. En paralelo, la Comisión Permanente aprobó designar a las congresistas Lady Camones y Ana Zegarra como parte de la subcomisión acusadora encargada de sustentar el caso ante el Pleno, así como reprogramar por única vez las audiencias del expresidente Pedro Castillo y del exministro Willy Huerta.

En otra decisión, la Comisión Permanente votó por enviar al archivo las denuncias constitucionales contra el congresista Roberto Sánchez Palomino, al considerar que una resolución suprema ya había determinado su no participación en los hechos investigados.