Brookfield salió al frente de las recientes declaraciones de la Municipalidad Metropolitana de Lima y del alcalde Rafael López Aliaga, asegurando que la orden de discovery emitida por una corte de Estados Unidos no implica un juicio sobre la compra de Rutas de Lima, sino que se limita a la solicitud de exhibición de documentos, un procedimiento habitual en ese sistema judicial.

La firma recalcó que este proceso no cuestiona la validez de la transacción realizada en 2016 ni supone una evaluación de fondo sobre su conducta como inversionista.

La empresa sostuvo que tribunales arbitrales internacionales e independientes ya han determinado que la adquisición de Rutas de Lima se realizó de buena fe y bajo condiciones legítimas de mercado. Recordó que participó en un proceso competitivo liderado por Scotiabank y que, antes de concretar la compra, llevó a cabo un proceso exhaustivo de investigación y debida diligencia durante varios meses, apoyado por asesores externos especializados. Solo tras cumplirse todas las etapas del proceso y con la anuencia del concedente, Brookfield compró el 57% de las acciones por US$ 430 millones.

La compañía afirmó que las acusaciones provenientes de la MML distorsionan los alcances de la orden judicial estadounidense y buscan confundir a la opinión pública. Añadió que algunas autoridades peruanas ya tuvieron acceso al material solicitado desde años atrás y que la empresa ha colaborado con las investigaciones en el país, entregando información sustancial a la Fiscalía. En ese sentido, cuestionó que se pretenda presentar la entrega de documentos como un hecho irregular.

Brookfield también señaló que las entidades del Estado peruano han incumplido obligaciones contractuales y legales vinculadas al pago por la concesión, además de adoptar acciones que —según la empresa— buscan dilatar procesos, evitar responsabilidades o incluso privarla de sus derechos como inversionista. Indicó que, pese a las órdenes de tribunales arbitrales, aún no pueden cobrar peajes en la concesión, lo que consideran una vulneración del marco jurídico aplicable a las inversiones internacionales.

En medio de esta controversia, la firma expresó su preocupación por lo que interpreta como un deterioro del respeto al Estado de derecho en el país y advirtió que esta situación los ha llevado a reevaluar su estrategia de inversiones en el Perú. Brookfield, que asegura contar con más de dos décadas de experiencia en infraestructura y una trayectoria de cooperación con gobiernos en diversos continentes, afirmó que seguirá defendiendo la legitimidad de su compra de Rutas de Lima y el cumplimiento de los compromisos asumidos por ambas partes.