El gobierno de Estados Unidos expresó su preocupación por la reciente decisión judicial en el Perú que limita la capacidad del Estado para supervisar las actividades del Puerto de Chancay, infraestructura estratégica gestionada mayoritariamente por capital chino. El pronunciamiento se produjo luego de que el Poder Judicial emitiera un fallo en primera instancia que restringe casi por completo la intervención de Ositrán sobre las operaciones de Cosco Shipping Ports Chancay Perú.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos señaló que resulta preocupante que el país se vea impedido de supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. “Apoyamos el derecho soberano de Perú a supervisar infraestructura crítica en su propio territorio. Que esto sirva de advertencia para la región y el mundo: el dinero barato chino cuesta soberanía”, indicó la entidad.

En la misma línea, el embajador de Estados Unidos en el Perú, Bernie Navarro, afirmó que “todo tiene un precio y, a la larga, lo barato sale caro”, añadiendo que “no hay precio más alto que perder soberanía”. El diplomático formuló estas declaraciones tras su arribo a Lima para iniciar oficialmente su gestión, destacando la importancia estratégica del Perú para la administración estadounidense.

Las reacciones se producen tras el fallo judicial emitido el 11 de febrero de 2026, que establece que Ositrán debe abstenerse de ejercer funciones de regulación, supervisión, fiscalización o sanción sobre Cosco Shipping en el Terminal Portuario Multipropósito de Chancay. La sentencia solo permite una intervención limitada del regulador en materia tarifaria, y únicamente bajo condiciones previamente determinadas por otra autoridad competente.

La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, calificó la decisión como un hecho sin precedentes y advirtió que una entidad supervisada haya recurrido a una acción de amparo para evitar la aplicación de la normativa nacional. A su juicio, de confirmarse el fallo, el margen de intervención del Estado peruano en el puerto sería extremadamente reducido. Economistas como Farid Matuk también cuestionaron la resolución, al calificar el puerto como un posible “enclave neo-colonial”.

Pese a la preocupación expresada desde Estados Unidos y diversos sectores locales, la sentencia aún no ha quedado firme. De acuerdo con información periodística, Ositrán presentaría una apelación, por lo que el caso deberá resolverse en instancias superiores en los próximos meses. Mientras tanto, el debate se centra en si el Estado peruano asumirá una posición activa para defender su capacidad de supervisión sobre una de las infraestructuras portuarias más importantes del país.

Todo tiene un precio, y la larga lo barato sale caro. No hay precio más alto que perder soberanía. https://t.co/sHFot5oMKn

— Embajador Navarro (@USAmbPeru) February 11, 2026