La Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió un comunicado en el que se pronuncia sobre el proceso judicial iniciado por el consorcio privado Cosco Shipping Ports Chancay Perú S.A., en relación con las competencias de supervisión del Estado en el Terminal Portuario de Chancay. El Ejecutivo señaló que la inversión privada en el país se desarrolla dentro de una economía social de mercado y bajo el marco constitucional vigente.

En el documento, la PCM recordó que en el Perú la iniciativa privada es libre, pero se ejerce en un sistema que promueve y vigila la libre competencia, protege la propiedad privada y garantiza que la inversión nacional y extranjera se encuentren sujetas a las mismas condiciones. En ese sentido, citó el artículo 63 de la Constitución Política, que establece la igualdad de trato para el capital de distinto origen.

El Ejecutivo subrayó que la promoción de la inversión extranjera, sin distinción de procedencia, constituye una política de Estado orientada a impulsar el desarrollo económico, mejorar la infraestructura crítica, fortalecer la competitividad del país y contribuir a la reducción de la pobreza. Según el comunicado, esta política se mantiene vigente y no se ve alterada por controversias judiciales en curso.

Asimismo, la PCM precisó que el Terminal Portuario de Chancay, pese a ser de propiedad privada, está obligado a cumplir con todo el ordenamiento normativo peruano. Ello incluye la regulación en materia de seguridad portuaria y el control ejercido por diversas entidades públicas, como la Autoridad Portuaria Nacional, la Dirección General de Capitanías y Guardacostas, la SUNAT, la Policía Nacional a través de la Dirandro, el OEFA y la Municipalidad Distrital de Chancay.

El comunicado añade que estas entidades cuentan con presencia en el terminal y ejercen de manera efectiva las funciones de control y fiscalización que la ley les asigna dentro del ámbito de sus competencias. De este modo, el Gobierno busca despejar cuestionamientos sobre una eventual ausencia de supervisión estatal en dicha infraestructura portuaria.

Finalmente, la PCM se refirió a la resolución judicial que habría ordenado a Ositrán abstenerse de ejercer funciones regulatorias, supervisoras, fiscalizadoras y sancionadoras respecto del terminal multipropósito de Chancay. El Ejecutivo indicó que, de confirmarse tales supuestos, hará uso de los recursos procesales que la ley le faculta, en estricto cumplimiento del marco legal vigente.