Por Raúl Benavides Ganoza, director de la Compañía de Minas Buenaventura
Publicado en El Comercio

Hace unos días, El Comercio publicó una entrevista a la presidenta del Tribunal Constitucional. En dicha conversación, Luz Pacheco fue enfática al afirmar que el órgano que preside, de manera unánime, ha determinado que no puede existir un sistema de exención penal, refiriéndose al Reinfo. Ante la solicitud de una aclaración, precisó: “Si se hace daño al medio ambiente y se cometen ilícitos o delitos, no por estar en el Reinfo va a ser una carta blanca para actuar”.

Pero fue más lejos. En un momento de la entrevista, dijo: “No se puede dar licencia para matar, por decir así, no se puede dar licencia para cometer delitos, por más noble que pueda ser la causa de que alguien tenga un trabajo. Ese no puede ser el precio”. Y tiene razón.

Hace algunos meses escribí en este mismo Diario sobre ese mismo punto: no podemos permitir daños al ambiente ni a la integridad de las personas en ninguna actividad, sea la que sea. Cualquier marco legal debe estar alineado con el respeto a las personas y al medio ambiente. Así lo establecen nuestras leyes y la Constitución.

También he comentado antes sobre los daños ocasionados a las personas, al ambiente, y sobre el uso de insumos peligrosos que deberían estar restringidos: dinamita, mercurio, cianuro, entre otros.

Hoy quiero hablar de otro tema que inquieta: los pasivos ambientales que están dejando los Reinfo. Actualmente, hay 87.111 inscripciones en el Reinfo, pero solo 2.032 han logrado completar el proceso de formalización. Es decir, hay decenas de miles de operaciones que ya han generado –o que generarán– pasivos ambientales. Y será el Estado, es decir, todos los peruanos, quienes deberán cubrir el costo de remediarlos.

La experiencia en este campo es desalentadora. Activos Mineros, empresa estatal, ha invertido S/830 millones en el cierre de pasivos y no ha conseguido ni un solo certificado de cierre. En el sector privado, la situación tampoco es mejor: tras cientos de millones invertidos, solo se han logrado tres certificados. Cada cierre, según mi experiencia, tiene un costo aproximado de US$500.000.

Entonces, si usamos este dato como referencia, ¿cuánto costará remediar los pasivos ambientales que dejarán los Reinfo? El cálculo es simple: US$500.000 por 87.111 operaciones da un total de US$43.555 millones. Esa cifra es casi la mitad de nuestras reservas internacionales netas. Un costo inmenso, que podría evitarse con voluntad política y respeto por la ley.

No se puede seguir ignorando esta realidad. Parafraseando lo dicho por la presidenta del Tribunal Constitucional, no se puede seguir repartiendo licencias para matar.