El magistrado del Tribunal Constitucional, Gustavo Gutiérrez Ticse, expresó su preocupación por la negativa del Ministerio Público a acatar decisiones judiciales y recordó que, en el marco del proceso penal, la Policía Nacional puede iniciar diligencias preliminares, siempre bajo la conducción jurídica del fiscal. Sus declaraciones se dieron tras la decisión del TC de declarar constitucional la ley que habilita a la PNP a intervenir desde el inicio de la investigación de un delito.

Gutiérrez Ticse explicó que el fallo distingue entre la etapa preliminar, que tiene un carácter operativo y está a cargo de la Policía, y la etapa preparatoria formalizada, que es competencia exclusiva del Ministerio Público. Aclaró que esta norma no elimina el papel rector del fiscal, quien puede intervenir, supervisar o corregir las acciones policiales en cualquier momento del proceso.

El magistrado subrayó que la Policía no actúa de manera autónoma ni desvinculada del sistema judicial, ya que sus acciones se desarrollan bajo la vigilancia del Ministerio Público. Insistió en que la conducción jurídica del caso sigue siendo responsabilidad del fiscal, conforme lo establece la ley orgánica vigente.

La sentencia, además, exhorta a ambas instituciones a establecer protocolos de coordinación que permitan una actuación eficiente y sin interferencias, especialmente en los primeros momentos tras un delito. Gutiérrez Ticse puso como ejemplo el caso de Andrea Vidal, cuya investigación se vio afectada por indefiniciones internas del sistema fiscal, resaltando la urgencia de reducir la burocracia sin sacrificar el control legal.

Finalmente, el magistrado respondió a los cuestionamientos de la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, sobre los supuestos riesgos de impunidad. Rechazó que la ley reste poder al Ministerio Público y lamentó que desde esa institución no se estén respetando decisiones judiciales. “El Ministerio Público debe dar el ejemplo. Si no cumple la ley, transmite un pésimo mensaje al país”, advirtió.