Por Javier E. Bravo Villarán

La identidad cultural del Perú se sustenta en una tradición mestiza, occidental y cristiana, caracterizada por un fuerte apego a la libertad, la familia, las creencias y el lugar de origen. Este arraigo se refleja en la Constitución Política de 1993 —y sus posteriores modificaciones— que define al Perú como una República democrática, social, independiente y soberana, con un Estado uno e indivisible, de gobierno unitario, representativo y descentralizado, organizado bajo el principio de separación de poderes.

La posición geográfica del país, en el centro y occidente de Sudamérica, con acceso directo al océano Pacífico y, a través del río Amazonas, al Atlántico, constituye una ventaja estratégica al conectar al Perú con los mercados del Asia–Pacífico y proyectarlo hacia el Indo-Pacífico.

El Perú ha alcanzado un marco económico estable, sustentado en el modelo establecido en la Constitución de 1993, la apertura comercial y una prolongada estabilidad monetaria asegurada por la gestión técnica del Banco Central de Reserva. Este desempeño se apoya en una notable diversidad de recursos naturales, una megadiversidad biológica y climática, capacidad portuaria creciente, una amplia red de tratados de libre comercio, el posicionamiento del país como potencia pesquera mundial, su destacado potencial minero, el sostenido crecimiento del sector agroexportador y su reconocida oferta turística y gastronómica. A ello se suma el todavía inexplorado valor estratégico de las denominadas tierras raras y el desarrollo industrial y tecnológico en diversos sectores, entre los cuales sobresale, en defensa, la industria naval.

No obstante, desde noviembre del año 2000 el país enfrenta un deterioro institucional profundo. La proliferación de entidades estatales débiles y altamente vulnerables a la corrupción, sumada a la presencia de cuadros de bajo nivel profesional y a la influencia de grupos politizados de orientación marxista o progresista “caviar” en todos los niveles del Estado —especialmente en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Congreso— ha generado efectos evidentes. Los múltiples procesos judiciales y detenciones que alcanzan a expresidentes, autoridades de distintos niveles y funcionarios públicos y privados son prueba fehaciente de la magnitud de esta crisis.

La situación se agravó tras las elecciones de 2021, fuertemente cuestionadas. El gobierno de Pedro Castillo Terrones (17 meses) culminó con un intento de golpe de Estado neutralizado por la acción del Congreso y la firmeza constitucional de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Fue sucedido por Dina Boluarte Zegarra (22 meses), vacada por el Congreso por “permanente incapacidad moral”, siendo reemplazada por José Jeri Oré, actualmente en funciones.

El balance de los gobiernos del presente siglo, con las excepciones correspondientes, evidencia una gestión debilitada por la falta de articulación entre las élites y el Estado, su escaso compromiso con la gobernabilidad y los objetivos estratégicos nacionales, el incremento de la inseguridad ciudadana, la expansión de la corrupción pública y privada, el avance del narcotráfico y de la minería ilegal —que erosionan el control territorial y financian redes criminales—, la fuga de talentos ante la falta de oportunidades y la limitada industrialización de alto valor agregado. A ello se suman flujos migratorios desordenados, legales e ilegales, que incorporan población altamente vulnerable e incluso con antecedentes delictivos, generando presión sobre los servicios públicos y la seguridad, así como la creciente presencia de comunidades musulmanas en el sur del país.

El proceso electoral del 2026 se desarrolla en un contexto de baja confianza en las autoridades responsables, acompañado de una profunda fragmentación política reflejada en la inscripción de 36 organizaciones. Esto anticipa una fuerte dispersión del voto en primera vuelta, estimándose que aproximadamente el 80% de las agrupaciones quedarían excluidas por no superar la valla electoral (5% de votos válidos para lograr tres senadores o siete diputados de distintos distritos electorales).

Ante ello, resulta indispensable promover la concentración del voto en la primera vuelta para asegurar un gobierno y un Congreso capaces de conducir al país en un momento crítico. El Perú requiere con urgencia cuadros idóneos para institucionalizar el Estado conforme a la Constitución, enfrentar las amenazas internas —inseguridad ciudadana, corrupción, minería ilegal, narcotráfico, inmigración ilegal— y proyectar una estrategia nacional que consolide al país como potencia portuaria hegemónica del Pacífico Sur. Esto es vital para anticipar riesgos y preservar la soberanía frente a la competencia geopolítica entre China, Estados Unidos —que recientemente ha designado al Perú como Aliado Principal Extra-OTAN, es decir, un “socio estratégico confiable”— y otros actores emergentes, especialmente India.

Corresponde reflexionar con rigor sobre los resultados obtenidos por países que adoptaron modelos marxistas —como Cuba— o por gobiernos de inspiración marxista o del Socialismo del Siglo XXI —como Venezuela, Nicaragua o Bolivia— representan un rumbo deseable para el Perú. La experiencia reciente demuestra los costos de este enfoque. El país posee un futuro promisorio que exige una gestión democrática, institucionalizada y profesional, capaz de aprovechar de manera responsable y estratégica su enorme potencial para convertir al Perú en uno de los Estados más sólidos y respetados del hemisferio occidental, en beneficio y orgullo de todos los peruanos.

FORTALEZCAMOS EL VOTO DEMOCRÁTICO ELIMINANDO LA DISPERSIÓN

NUESTRO FUTURO

“PERÚ, PAÍS EJEMPLAR DEL HEMISFERIO OCCIDENTAL”

“RUMBO A CONSOLIDAR HEGEMONÍA PORTUARIA DEL PACÍFICO SUR”