La empresa estadounidense EIG adquirió el 49.87% de las acciones de la Transportadora de Gas del Perú (TGP), operadora del principal gasoducto vinculado al proyecto Camisea, tras concretarse la venta de la totalidad de esa participación por parte de la canadiense CPP Investments. La operación fue destacada por la Embajada de los Estados Unidos en el Perú como un paso relevante para la infraestructura energética del país.

La transacción había sido anunciada desde agosto de 2025, cuando CPP Investments informó que había llegado a un acuerdo con EIG para transferir su participación accionaria en TGP. La empresa transportadora está conformada, además, por Enagás, con el 18% de las acciones, y Sonatrach, con el 21.18%, manteniéndose así una estructura accionaria de capital internacional.

A través de su cuenta oficial en la red social X, la Embajada estadounidense felicitó a EIG por la adquisición, subrayando que TGP es un operador de infraestructura estratégica que transporta gas natural desde Camisea y abastece aproximadamente el 40% de la generación eléctrica del Perú. El pronunciamiento resaltó la relevancia del activo para la seguridad energética nacional.

CPP Investments había ingresado al accionariado de TGP en 2013 y amplió su participación en 2017 hasta alcanzar el 49.87%. Durante ese periodo, la firma canadiense destinó alrededor de 1,400 millones de dólares en inversiones vinculadas a la empresa, hasta concretarse la venta de su participación a la firma estadounidense.

La importancia de TGP radica en que administra la principal ruta de transporte del gas natural de Camisea, a lo largo de más de 730 kilómetros, movilizando prácticamente la totalidad del gas natural producido en el país. Camisea es considerado uno de los mayores yacimientos de la región, con una producción diaria de aproximadamente 920 mil barriles de gas natural y 130 mil barriles de gas natural licuado.

En paralelo a la operación accionaria, se encuentra en discusión la continuidad de la concesión de TGP, que vence en 2033. La empresa negocia con el Estado peruano una ampliación por diez años adicionales, hasta 2043, a cambio de extender el gasoducto hacia el sur del país mediante una inversión estimada en 2,000 millones de dólares, lo que podría redefinir el alcance del proyecto energético en los próximos años.