La Comisión Permanente del Congreso aprobó por 13 votos a favor y 6 en contra el informe que recomienda inhabilitar al expresidente Pedro Castillo por 10 años, al considerarlo responsable del intento de golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.

La decisión se tomó en una sesión que estuvo marcada por incidentes, entre ellos la abrupta expulsión del abogado Carlos Torres Caro, quien asumió la defensa del exmandatario y terminó siendo retirado del hemiciclo por expresiones consideradas ofensivas.

El informe sustentado por la presidenta de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, Lady Camones, sostiene que Castillo infringió varios artículos de la Constitución al anunciar la disolución del Parlamento, intervenir instituciones del sistema de justicia y pretender instaurar un gobierno de excepción. El documento también menciona antecedentes como la inmovilización social obligatoria decretada en abril de 2022 en Lima y Callao, medida que luego fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional.

Además de Castillo, la recomendación incluye la inhabilitación por el mismo periodo para el exministro del Interior Willy Huerta, a quien se le atribuye participar en la ruptura del orden constitucional. Este punto, que había quedado pendiente en una sesión previa tras pedidos de reprogramación, fue finalmente debatido y puesto a votación este martes. Ambos deberán enfrentar ahora el análisis y la decisión del Pleno del Congreso, que tendrá la última palabra sobre las sanciones.

La jornada estuvo marcada por momentos de tensión, en particular durante la intervención de Torres Caro, quien defendió al expresidente alegando un supuesto “plan de victimización” en su contra y atribuyendo su situación judicial a su origen popular. Sus comentarios generaron protestas entre los legisladores, lo que motivó la intervención de la Mesa Directiva para retirarlo de la sala tras apenas 13 minutos de exposición, dando pie al inicio del debate parlamentario.

El caso se enmarca en la última etapa del juicio oral que enfrenta Pedro Castillo por el delito de rebelión, proceso que avanza en paralelo en el Poder Judicial. La aprobación del informe en la Comisión Permanente representa un paso decisivo en el trámite de su inhabilitación política, mientras el Congreso continúa evaluando otros expedientes vinculados a los hechos del 2022, como el de la expremier Betssy Chávez, cuyo caso ya fue respaldado y deberá ser visto próximamente en el Pleno.