La diputada Roxana Rocha, de Renovación Popular, presentó un proyecto de ley que plantea eliminar el pago por adelantado de los honorarios de abogados de funcionarios públicos investigados por hechos relacionados con el ejercicio de sus funciones. La iniciativa establece que cada servidor asuma inicialmente los gastos de su defensa y pueda solicitar el reembolso únicamente cuando una decisión firme descarte su responsabilidad.

La propuesta modifica la Ley 30057, Ley del Servicio Civil, y comprende procesos judiciales, administrativos, constitucionales y arbitrales, además de investigaciones fiscales, policiales y del Congreso. La medida también alcanza a los exservidores públicos, incluso si dejaron el cargo antes de que concluya el procedimiento correspondiente.

El proyecto precisa que el reembolso no procederá cuando la investigación o el proceso concluya únicamente por prescripción, vencimiento de plazos u otra causal que no implique un pronunciamiento favorable sobre el fondo del asunto. Asimismo, establece que los gastos reconocidos deberán ser razonables, estar debidamente sustentados y guardar relación directa con la defensa. El Estado tampoco cubrirá multas, sanciones, reparaciones civiles ni indemnizaciones.

“Con mi propuesta busco que no se pague ni un sol por adelantado para defensas legales de funcionarios públicos, primero que termine su proceso. En caso de que una sentencia firme declare su absolución o tenga una sentencia civil, constitucional u otra a su favor, podrá solicitar el reembolso de los gastos efectuados, los cuales deben estar acreditados. El dinero de todos los peruanos debe administrarse con responsabilidad y transparencia”, sostuvo Rocha Gallegos.

La iniciativa también contempla que las entidades públicas evalúen las solicitudes de reembolso y publiquen las resoluciones que las autoricen, con información sobre el beneficiario, el concepto y el monto, respetando las excepciones establecidas por ley. Con estas disposiciones, el proyecto busca fortalecer la transparencia en el uso de los recursos públicos y establecer mayores controles sobre el financiamiento de la defensa legal de los funcionarios del Estado.