La diputada de Juntos por el Perú, Graciela Chipana Condori, afronta un juicio oral por el presunto delito de discriminación agravada contra un niño de tres años con trastorno del espectro autista (TEA). El Ministerio Público solicita una condena penal y su inhabilitación para ejercer cargos públicos, en un proceso que podría comprometer su continuidad en la función pública.

Los hechos se remontan a abril de 2025, cuando Chipana se desempeñaba como docente de educación inicial en el colegio estatal San Antonio de Padua, en Moquegua. Según la acusación fiscal, la entonces profesora manifestó su oposición al ingreso del menor a su aula y sostuvo que necesitaba una “maestra sombra” que lo acompañara permanentemente. El padre del niño, quien trabaja como taxista y cuenta con recursos económicos limitados, señaló que no podía asumir el costo de una asistente particular y que buscaba garantizar el acceso de su hijo a la educación pública.

Entre los elementos presentados en el caso figura una grabación de audio difundida por el programa Cuarto Poder, en la que se escucha parte del intercambio entre la docente y los padres. Asimismo, una auxiliar del plantel declaró que Chipana habría cerrado la puerta del aula al menor al inicio de las clases, dejándolo en el patio, y que recomendó a sus padres buscar otra institución educativa si no podían costear una asistente. La denuncia fue presentada por la directora del colegio estatal.

La Fiscalía considera que los hechos habrían vulnerado los derechos a la igualdad y al trato digno del niño. Por su parte, la defensa de la legisladora, integrada por el exfiscal José Domingo Pérez y el abogado Aldo Alvarez Hurtado, sostiene que la actuación de Chipana respondió a una preocupación por las necesidades del alumno y no a una conducta discriminatoria. La parlamentaria ha señalado que acudirá a las citaciones judiciales para defender su inocencia.

El juicio se encuentra en la etapa de actuación probatoria y, según la información difundida sobre el caso, podría concluir en los próximos tres meses. Una eventual sentencia condenatoria con inhabilitación podría tener consecuencias para la continuidad de Chipana en el ejercicio de cargos públicos. Corresponderá al órgano judicial determinar si los hechos configuran el delito imputado y si procede imponer las sanciones solicitadas por el Ministerio Público.