El juicio contra el expresidente Martín Vizcarra sumó nuevos elementos que lo comprometen aún más, luego de que la fiscalía presentara registros de más de 70 llamadas entre él y su principal delator, el exministro y hoy colaborador eficaz José Manuel Hernández.

Las comunicaciones coinciden con fechas vinculadas al presunto pago de coimas por parte de constructoras que obtuvieron obras durante la gestión de Vizcarra como gobernador de Moquegua. Para el equipo especial Lava Jato, estos hallazgos corroboran la confesión de Hernández, quien asegura que Vizcarra pactó y recibió sobornos por más de S/ 2,3 millones.

Hernández, exministro de Agricultura, admitió ante la justicia que actuó como intermediario en el pago de S/ 1,3 millones de la empresa ICCGSA a cambio de la adjudicación del Hospital de Moquegua. Según su testimonio, entre 2014 y 2016 también canalizó la mayoría de los pagos ilegales de esta coima. La fiscalía presentó chats y registros de llamadas que vinculan directamente al expresidente con estas operaciones ilícitas.

Durante la última audiencia, el fiscal Osías Castañeda mostró comunicaciones que refuerzan la versión del colaborador eficaz. Un mensaje enviado por Vizcarra el 22 de julio de 2014, en el que escribió “ya lo recibí”, habría hecho referencia, según Hernández, a la entrega de dinero pactada. La exposición del Ministerio Público continuó con pruebas documentales y geolocalización de los teléfonos, que sitúan a Vizcarra y Hernández en los mismos lugares durante los días de los supuestos pagos.

La defensa del expresidente, encabezada por el abogado Efraín Siccha, reconoció que las comunicaciones con Hernández eran frecuentes, pero negó que estas constituyan evidencia de delitos. Argumentó que existía una relación cordial y constante contacto telefónico desde mucho antes de que Vizcarra asumiera como gobernador, y sostuvo que las pruebas son solo “indicios sin valor concluyente”. Además, descartó que ambos hayan mantenido una amistad cercana.

El proceso judicial se desarrolla mientras Vizcarra cumple cinco meses de prisión preventiva en el penal de Barbadillo. Sin embargo, el Instituto Nacional Penitenciario (INPE) anuló la resolución que dispuso su internamiento en ese centro, señalando irregularidades en la clasificación penitenciaria. Una nueva comisión evaluará si corresponde su traslado a Lurigancho, según lo que establece la puntuación de su ficha.

El juicio continuará en los próximos días con la exposición de más pruebas documentales. El Ministerio Público mantiene su pedido de 15 años de prisión para Martín Vizcarra, mientras la defensa insiste en que no existen pruebas directas que demuestren la recepción de coimas. La figura de José Manuel Hernández, convertido en pieza clave de la acusación, se mantiene como el principal soporte de la tesis fiscal que busca demostrar que el expresidente se benefició de millonarios pagos ilegales.