El ministro de Justicia, Juan José Santiváñez, aseguró que durante los primeros 100 días de su gestión implementará un plan de acción enfocado en la reforma integral del sistema judicial, con el objetivo de agilizar los procesos y garantizar un mayor acceso a la justicia. En entrevista con Expreso, señaló que uno de los pilares de su labor será fortalecer la institucionalidad y recuperar la confianza ciudadana en los tribunales.

El ministro advirtió que se impondrá un control absoluto en los penales del país, con énfasis en la erradicación de las llamadas extorsivas realizadas desde las cárceles. “Ese tipo de delitos se acabarán en el más breve plazo”, afirmó, destacando que la seguridad penitenciaria será un eje esencial para enfrentar la criminalidad. También anunció que se impulsará la construcción de nuevos centros de reclusión para descongestionar las prisiones y mejorar sus condiciones.

Santiváñez, quien regresó al gabinete tras haber sido censurado cinco meses atrás, reconoció que su designación ha generado críticas en algunos sectores, especialmente en la izquierda. Sin embargo, descartó que ello afecte el rumbo de su gestión y sostuvo que su nombramiento responde a la necesidad de imprimir mayor agilidad en la lucha contra la delincuencia y en la defensa de los derechos humanos.

El ministro destacó, además, el respaldo público recibido por autoridades locales como el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, así como congresistas de diversas bancadas. Según dijo, estas muestras de apoyo reflejan la confianza en su capacidad de coordinación interinstitucional y en el trabajo conjunto realizado anteriormente desde el sector Interior y Palacio de Gobierno.

De cara a los próximos meses, Santiváñez adelantó que también buscará limpiar al Ministerio de Justicia de lo que calificó como “sectores caviares” que, a su juicio, han intentado desvirtuar las políticas de seguridad. Asimismo, defendió la posición del Gobierno respecto a la ley de amnistía para miembros de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, y subrayó que el Estado debe mantener firme su postura frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.