El Gobierno oficializó la creación de la Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización (Sunir), entidad que reemplazará al Instituto Nacional Penitenciario (INPE), tras la publicación del Decreto Legislativo N.º 1710. La medida, impulsada por el presidente José Jerí, había sido anunciada en noviembre del año pasado y se concreta en el marco de las facultades legislativas otorgadas al Ejecutivo en materia de seguridad ciudadana.

La Sunir se constituye como un organismo público adscrito al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, con autonomía administrativa, funcional y financiera. De acuerdo con la norma, será el ente rector del nuevo Sistema Nacional Especializado de Internamiento y Reinserción Social, concentrando la ejecución de penas privativas de libertad y medidas socioeducativas para adolescentes en conflicto con la ley penal.

El decreto establece que la nueva superintendencia absorberá, mediante un proceso de fusión, al INPE, al Programa Nacional de Centros Juveniles y al Programa Nacional para la Prevención y Reinserción Social. Este proceso deberá completarse en un plazo máximo de 90 días hábiles, periodo durante el cual se garantiza la continuidad de los servicios y funciones que actualmente brindan dichas entidades.

Entre las principales funciones de la Sunir figuran la administración de los establecimientos penitenciarios y centros juveniles a nivel nacional, la gestión de la seguridad integral de estos recintos y la conducción de los programas de tratamiento penitenciario y reinserción social. Asimismo, asumirá la formulación y ejecución de políticas públicas vinculadas al sistema de internamiento y resocialización.

La estructura de dirección contempla la designación de un jefe institucional, cargo de confianza que ejercerá la representación legal y la titularidad del pliego presupuestal. La norma fija requisitos técnicos para el puesto, como una experiencia profesional mínima de diez años y trayectoria en cargos directivos, aunque durante el periodo de transición se flexibilizan de manera excepcional algunos criterios de idoneidad.

Si bien el Ejecutivo sostiene que la implementación de la Sunir no demandará recursos adicionales al Tesoro Público y se financiará con los presupuestos existentes, la reforma ha generado cuestionamientos sobre su efectividad y el impacto real en la crisis del sistema penitenciario. Especialistas advierten que el cambio institucional deberá ir acompañado de mejoras operativas y de gestión para evitar que la reorganización se limite a una modificación administrativa sin resultados concretos.