Un reportaje del programa Beto a Saber, conducido por Beto Ortiz, expuso cuestionamientos en torno a la contratación de al menos 14 mujeres vinculadas al entorno cercano del presidente José Jerí, quienes fueron incorporadas a la Presidencia de la República mediante el Fondo de Apoyo Gerencial (FAG), un mecanismo creado para captar profesionales altamente especializados para cargos de alta dirección del Estado.

Según la investigación difundida por Beto a Saber, las contrataciones se realizaron entre octubre de 2025 y enero de 2026 a través de resoluciones administrativas del propio Despacho Presidencial. El informe señala que varias de las personas designadas no contarían con experiencia previa en el sector público ni con el perfil técnico requerido para acceder a esta modalidad, lo que ha generado dudas sobre el respeto a los criterios de meritocracia.

Uno de los casos expuestos es el de Sheyla Briones, contratada en la Secretaría General del Despacho Presidencial pese a no registrar experiencia estatal. En declaraciones al programa, Briones reconoció conocer al presidente desde hace más de ocho años y señaló que su vínculo se enmarca en un cargo de confianza. Registros oficiales citados por el reportaje indican que realizó visitas nocturnas a Palacio de Gobierno días antes de su contratación y que, durante 2025, acudió en varias ocasiones al despacho de Jerí cuando este aún era congresista.

El informe de Beto a Saber también menciona a Susana Gutiérrez Rivera, designada ejecutiva en la Secretaría General en noviembre de 2025, así como a Rossmary Malpartida, psicóloga vinculada a distintos entornos políticos y contratada bajo la modalidad FAG. A ellas se suman María del Rosario Pamela Espinoza Díaz y Rosa Gabriela Rueda Yaya, cuyas visitas prolongadas a la oficina presidencial precedieron a sus nombramientos, lo que refuerza los cuestionamientos sobre los criterios de selección.

Especialistas consultados por el programa advirtieron que estas designaciones contradirían el espíritu del Fondo de Apoyo Gerencial. La abogada y especialista en derecho administrativo Cecilia Ruiz señaló que el FAG está destinado a profesionales con la más alta experiencia y estándares académicos, algo que, afirmó, no se estaría cumpliendo en varios de los casos revelados. En tanto, el abogado penalista Luis Lamas cuestionó que varias contrataciones hayan estado precedidas por entrevistas personales con el propio presidente.

Finalmente, el reportaje dio cuenta de otros casos de personas cercanas al mandatario que habrían recibido incrementos salariales significativos y cargos estratégicos tras su llegada al poder. Para el exministro de Trabajo Alejandro Salas, los hechos expuestos por Beto a Saber podrían ameritar la evaluación de presuntos delitos como tráfico de influencias o cohecho, mientras que analistas coinciden en que el uso reiterado del FAG sin un sustento técnico sólido debilita la meritocracia y plantea serias dudas sobre la transparencia en el Despacho Presidencial.