La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso, presidida por la legisladora María Acuña, decidió archivar la denuncia constitucional presentada contra la presidenta Dina Boluarte, en relación con las muertes ocurridas durante las protestas sociales de fines de 2022 e inicios de 2023.

Según el informe final, no se habría comprobado una relación directa entre los hechos denunciados y las infracciones constitucionales o delitos invocados.

La denuncia, impulsada por la parlamentaria Ruth Luque, también incluía a exministros como Alberto Otárola, Pedro Angulo, César Cervantes y José Tello, señalando presuntos delitos por el uso excesivo de la fuerza pública que derivaron en víctimas mortales y heridos. Sin embargo, la subcomisión concluyó que la acusación no cumplía con los requisitos formales establecidos en el artículo 89 del reglamento del Congreso, y fue declarada improcedente.

Diversas bancadas cercanas al Ejecutivo respaldaron el archivo de la denuncia, lo cual ha sido interpretado por sectores críticos como una señal de blindaje político hacia la mandataria en un contexto de baja aprobación ciudadana. El fallo ha generado cuestionamientos, especialmente tras los informes emitidos por organismos internacionales sobre los hechos.

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) había advertido en su informe final que el Estado peruano hizo uso desproporcionado, indiscriminado y letal de la fuerza durante las manifestaciones. Documentó víctimas con impactos de bala en la parte superior del cuerpo, incluso personas ajenas a las protestas, y sostuvo que algunos hechos podrían ser considerados como ejecuciones extrajudiciales o incluso masacres, por lo que exhortó a que sean investigados y sancionados.