El pleno del Congreso aprobó en primera votación el proyecto de ley que incorpora los delitos de lesa humanidad al Código Penal peruano mediante la creación de un nuevo título específico para este tipo de crímenes. La iniciativa, presentada por el congresista Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular, recibió 54 votos a favor, 29 en contra y 15 abstenciones, por lo que deberá ser sometida a una segunda votación dentro del plazo establecido por el reglamento parlamentario.

La propuesta busca adecuar la legislación nacional a los criterios contemplados en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Entre sus disposiciones, establece que delitos como asesinato, tortura, desaparición forzada o violación sexual solo podrán ser calificados como de lesa humanidad cuando se demuestre que fueron cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho contexto por parte de los responsables.

Asimismo, el texto señala que, si los hechos investigados no reúnen esos elementos, deberán ser procesados como delitos comunes conforme a la normativa penal vigente. La iniciativa también contempla penas privativas de libertad que oscilan entre los 15 y 30 años para quienes sean condenados bajo esta tipificación.

Otro de los puntos incluidos en el proyecto establece que la norma podrá aplicarse en procesos judiciales actualmente en trámite, así como en casos con sentencias que se encuentren en revisión, nulidad u otras garantías constitucionales. Además, reafirma que el Estatuto de Roma entró en vigor en el Perú el 1 de julio de 2002, por lo que los hechos ocurridos antes de esa fecha no podrían ser juzgados como delitos de lesa humanidad.

Durante el debate, la congresista Ruth Luque planteó una cuestión previa para que el proyecto regresara a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos; sin embargo, la solicitud fue rechazada por el pleno. También fue desestimado un pedido de reconsideración presentado por los congresistas Edgard Reymundo, Sigrid Bazán, Flor Pablo y la propia Luque. El dictamen había sido aprobado previamente por la Comisión de Constitución y Reglamento el pasado 12 de mayo.