Por Luis García Miró Elguera, publicado en Expreso

Desde el momento en que se anunció la llamada “Nueva Carretera Central”, surgieron voces que advirtieron su incoherencia técnica y desmesurado costo —S/ 24 mil millones—, cifra que, de por sí, demandaba una justificación mucho más amplia y un escrutinio todavía más riguroso. Porque la iniciativa no era únicamente financiera. Atrás existía una decisión política, difícil de justificar: la elección de una empresa extranjera con antecedentes de corrupción y sanciones internacionales por prácticas fraudulentas.

Efectivamente, en 2019 el Banco Mundial había sancionado —por malas prácticas en un proyecto en Argentina— a Egis, precisamente aquella empresa escogida por el presidente temporal caviar Francisco Sagasti. Un año después, la misma multilateral le canceló líneas de crédito a Egis por “prácticas corruptas y fraudulentas”. Y, finalmente, en marzo de 2024, el BID (Banco Interamericano de Desarrollo) inhabilitó por tres años a Egis Eau S.A.S. y Egis International S.A. por irregularidades en obras de agua y saneamiento en Panamá. No eran rumores ni especulaciones, sino decisiones formales adoptadas por organismos multilaterales de primerísima línea —que jamás actúan sin evidencias contundentes—, castigando a la contratista francesa que repetía las mismas corruptelas que Odebrecht.

Pese a todo aquello, el régimen temporal de Francisco Sagasti decidió darle a Egis la conducción del proyecto de infraestructura más ambicioso y costoso del país. En mayo de 2021, Sagasti firmaba un Memorándum de Entendimiento con la empresa sancionada, dando inicio al PMO (Project Management Office) encargado de dirigir y supervisar la obra. Todo aquello bajo un acuerdo de Gobierno a Gobierno con Francia, presentado espectacularmente como “un avance histórico” por los medios afines al oficialismo caviar de entonces.

En esta ocasión, Sagasti apareció rodeado por ministros, gobernadores regionales y ejecutivos de Egis y su asociada Setec. Lo que nadie mencionó —ni en el discurso oficial ni en la cobertura mediática— fue que la empresa ya acumulaba sanciones por corrupción del Banco Mundial y que estaba bajo la lupa del BID. Tampoco nadie mencionó que el Perú aún continuaba procesando y digiriendo el terrible impacto del escándalo Odebrecht, que había demostrado cómo empresas extranjeras secuestran al Estado mediante sobornos, consultorías ficticias, contratos amañados, etc.

La similitud en los patrones resultaba preocupante: contratos gigantescos, carencia de verdadera competencia, opacidad en la selección de las empresas y un aparato estatal dispuesto a ignorar todas las alertas internacionales. ¿Cómo pudo un gobernante transitorio como Francisco Sagasti pasar por alto advertencias y sanciones tan severas, en momentos tan complicados? ¿Por qué eligió a una empresa con antecedentes de corrupción para manejar un proyecto de decenas de miles de millones de soles? ¿Qué se imaginó? ¿Cómo repitió los mismísimos delitos que llevaron al país al mayor escándalo de corrupción de su historia reciente?

La Nueva Carretera Central fue un proyecto cuestionado desde su diseño y costo. Ahora es otro símbolo de cómo presidentes ensimismados comprometen el futuro de los peruanos, privilegiando intereses personales y/o de grupo. Hoy un Perú indignado, desmoralizado, demanda sanciones para los responsables de este, por fortuna, frustrado intento de corrupción, trajeado de “modernización de infraestructuras”.