Por Carlos E. Gálvez Pinillos, expresidente de la SNMPE

Hace unos días, leí un artículo de un geólogo, a quien consideraba razonable, hasta que la demagogia lo ganó, renegando de la legislación minera vigente. Él hacía una lamentable analogía entre el “acaparamiento de tierras” agrícolas y la extensión de concesiones mineras otorgadas; habló de un “sesgo neofeudal, que desprecia el incremento de la productividad asociada al libre emprendimiento y prefiere sustentar la competitividad en una mano de obra abundante y barata” y dice que esto “constituye un atentado contra la libertad de empresa y una falsificación de la economía social de mercado”.

Hace también una lamentable comparación con la situación de la propiedad de la tierra de los años 60s del siglo pasado y concluye, en la necesidad de una reforma equivalente a la reforma agraria de ese tiempo.

Parte de datos erróneos, afirmando que, alrededor del 1% de las concesiones están en explotación, número que debió multiplicar por 10, además, debió haber mencionado que el 70% de las áreas concesionadas, que no están en explotación, pertenecen a pequeños mineros.

Al margen de esos datos puntuales, no toma en consideración temas fundamentales:

1. La minería es una actividad que, en sus operaciones formales, está sujeta a los más altos estándares de seguridad, medioambientales y de cumplimiento laboral. Cosa que no ocurre entre los informales/ilegales que pretende defender.
2. Que, para sostenerse en el mediano y largo plazo, debe ser altamente competitiva y, que sus niveles de productividad no se sustentan en el uso de mano de obra abundante y barata. Este ingeniero sabe, que el trabajador minero formal es el mejor remunerado del mercado y, que la productividad se sustenta en una gran inversión en equipos con tecnología de punta y de altísima productividad, incluyendo equipos autónomos.
3. Que la competitividad global, implica aprovechamiento de economías de escala. Por eso el uso de áreas mínimas.
4. Que las empresas mineras tienen la responsabilidad de crear riqueza para el país y generar un alto valor compartido para la sociedad, vía la recaudación tributaria, la creación de cadenas productivas y de oportunidades, ahí donde están sus operaciones.
5. Que, ante la falta de institucionalidad y presencia del Estado, son las empresas mineras las que apoyan en el cierre de brechas de infraestructura en sus zonas de influencia. Al punto que, el Estado ha admitido, que las empresas mineras lo han sustituido en su rol.

Da pena ver que un profesional formado técnicamente en la universidad y en valores en su hogar, apele a los más bajos instrumentos de la izquierda para crear conflictos, allá donde él sabe que está haciendo demagogia. A menos que esté protegiendo su línea de negocios con informales.

El Perú aspira, desde hace varias décadas, a fortalecer sus instituciones, única vía para sostener un desarrollo económico y social, que nos incorpore gradualmente al primer mundo. Lamentablemente, siempre ha aparecido el facilismo y la demagogia barata, aquella que va a contracorriente de la lógica y destruye lo avanzado.

Por eso es que:

1. Así como para dar facilidades de agua y saneamiento urbano, debemos hacer un planeamiento adecuado y desarrollos urbanos de cierta dimensión, pues, si cada quien construye en un terreno no habilitado y no nivelado previamente, será imposible o mucho más cara e inadecuada la solución; y
2. Para solucionar el transporte urbano, se apela a transporte masivo de trenes y ómnibus de gran tamaño, para evitar congestión de tránsito, contaminación y pérdidas de tiempo. Pues, cuanto más grandes los vehículos, más económico y eficiente será el sistema, caso contrario, usaríamos MOTOTAXIS y tendríamos más caos vehicular y contaminación.

Menciono este par de ejemplos, para graficar el caos que implicaría la reducción del tamaño de las cuadrículas de las concesiones, de 100 a 10 hectáreas, teniendo en consideración que hay 18.9 millones de hectáreas concesionadas, de las cuales 2.1 millones tienen actividad. El Estado tendría que pasar de controlar 189 mil cuadrículas concesionadas en la actualidad, a 1.89 millones de cuadrículas; cobrar los derechos de vigencia por ellas y controlar su caducidad. Decirlo es fácil, pero ejecutar y controlar ese número de cuadrículas, se convertiría en una nueva fuente de descontrol y corrupción, sin mencionar las 56.2 millones de hectáreas denunciables.

Probablemente, el sector minero es en el que el Estado hizo el mejor trabajo de demarcación de la propiedad de concesiones, creando las cuadrículas de 100 ha (hectáreas), demarcadas con coordenadas UTM. Con esto se eliminaron los conflictos por superposición y se ordenó el territorio concesionado.

Para referencia, según “Meta”, “el Sistema de Cuadrículas Mineras corresponde al cuadrillado de la Carta Nacional 1/100,000, elaborado por el Instituto Geográfico Nacional, en el Sistema Geodésico Horizontal Oficial y define áreas cuyos vértices se ubican con coordenadas UTM expresadas en kilómetros enteros, sobre la base de un kilómetro por lado, equivalente a 100 ha”. Ciertamente, es un instrumento técnico aplicado por un Estado moderno, buscando el orden en sus registros, control de la propiedad minera y facilitación de la recaudación. Con esto se eliminó el caos preexistente y nos pusimos a la par de los países más avanzados del mundo, al respecto.

Resulta, que ahora desean destruir lo avanzado y volver al desorden.

¡Esto es como si en unos años, algún vendedor de motos quisiera destruir las líneas del Metro e imponer el transporte en MOTOTAXI!