Por Hugo Guerra, publicado en Expreso

Hay momentos en la vida de la República en los que resulta inevitable adoptar medidas radicales para garantizar la paz social y la continuidad democrática. Y hoy estamos, precisamente, en una situación grave.

Boluarte, por incapacidad, ideología y falta de liderazgo, ha fracasado rotundamente en la conducción del país. El Perú goza de relativa estabilidad por su solidez macroeconómica, la autonomía del BCR y su política monetaria, el superciclo de precios altos de la minería y, aunque resulte paradójico, por la informalidad del capitalismo popular. Si hay algo que agradecerle a este gobierno es que no aplique el programa comunista de su partido de origen, Perú Libre. Entre tanto, el país flota inercialmente en cada uno de los sectores ministeriales.

En cuanto a la precaria gobernabilidad, todos sabemos que hay un pacto no escrito mediante el cual esencialmente APP, el fujimorismo y los oportunistas de izquierda blindan sostenidamente al Ejecutivo cada vez que hay un conato de crisis. Mientras tanto, si bien se ha producido legislación interesante, sobre todo para el desmontaje del poder caviar, el Congreso, por sus propios actos, está totalmente desprestigiado.

Dentro de este marco general, el fracaso gubernamental en la lucha contra la inseguridad ciudadana es clamoroso. La nación está crispada por las extorsiones, el sicariato, los asesinatos cotidianos, los robos, el descontrol inmisericorde del tránsito y la sensación fundamentada de miedo en entornos urbanos y rurales hostiles. El horroroso crimen de los 13 mineros en Pataz ha rebalsado el vaso y, frente a eso, resulta exigible que se asuma la responsabilidad política.

Por eso, la insistencia moral y ética en que el PCM Gustavo Adrianzén renuncie. Por dignidad, este personaje inepto, abocado a defender las frivolidades de Dina, no debería esperar a lo que ocurrirá esta semana: que lo censuren parlamentariamente, generando una crisis aún mayor. Su salida debería servir para convocar a un Gabinete de Transición plural, que tenga cinco objetivos esenciales: impedir un desborde social; preservar la integridad del territorio patrio; mantener en orden mínimo a la administración de un Estado casi fallido; convocar a las FF. AA. para que asuman el control político-militar en las zonas de emergencia; y garantizar un proceso electoral limpio, sin violencia y sin infiltración del crimen organizado.

Pensar en una vacancia presidencial no tiene sentido práctico, amenazar con la disolución del Congreso es una pataleta ridícula. ¡Fuera Adrianzén, abramos paso a la sensatez!