Por Mary Sue Arróspide

En el Perú, el poder político no solo se disputa en elecciones o alianzas legislativas. También se juega y con mayor intensidad, en el control del presupuesto público. La reciente salida de José Salardi del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), y el inmediato nombramiento de Raúl Pérez Reyes, exministro de Transportes, no es una simple rotación de tecnócratas. Es, en el fondo, una señal de cómo el dinero y las obras, siguen marcando la distribución real del poder en el país.

¡Un presupuesto concentrado en infraestructura!

Para 2025, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) ha recibido S/.13,567.8 millones, de los cuales más de S/.8,000 millones están destinados a inversión pública. Esta cifra convierte al MTC en el ministerio con mayor capacidad de ejecutar obras a nivel nacional: carreteras, puentes, aeropuertos, corredores logísticos y, por supuesto, la Línea 2 del Metro de Lima.

No es un secreto que los megaproyectos de infraestructura son también espacios de disputa política, con fuertes intereses regionales, empresariales y legislativos en juego. La distribución de esos recursos, más aún en años preelectorales, es una palanca de poder fundamental.

¡La propuesta disruptiva de Salardi!

Desde el MEF, José Salardi propuso una reforma estructural: centralizar la inversión en infraestructura bajo la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN) y, a futuro, crear un nuevo Ministerio de Infraestructura. Esta reforma implicaba trasladar programas como:

•  PROVÍAS Nacional y Descentralizado (MTC)
•  PRONIED (Educación)
•  PRONIS (Salud)
•  PSI y AGRORURAL (Agricultura)
•  PNSU, PNSR y PASLC (Vivienda)
•  Entre otros

En resumen, Salardi pretendía quitar poder operativo y presupuestal a varios ministerios sectoriales, reduciendo su capacidad de ejecutar obras directamente, y devolviendo al MEF un rol central de planificación y control.

El golpe de retorno: ¿Quién se opuso?

Esta propuesta afectaba intereses políticos establecidos. No es difícil imaginar que varios congresistas, ministros e incluso gobernadores vieron en la reforma una amenaza. La centralización técnica que proponía Salardi significaba menos margen para la negociación política del presupuesto, menos espacios para el clientelismo, y mayor riesgo de perder cuotas de poder dentro del Ejecutivo.

El desenlace fue rápido: Salardi sale, y en su reemplazo entra Raúl Pérez Reyes, el hombre que justamente manejó ese cuantioso presupuesto de obras como ministro de Transportes. El mensaje es claro: la inversión pública no se tecnifica, se administra políticamente.

¿Quién controla la inversión pública en el Perú?

En teoría, el MEF debe tener la rectoría. En la práctica, la inversión se disputa en el Congreso, en las bancadas, en los ministerios sectoriales, en los gobiernos regionales, y en las redes de operadores que dominan el terreno. La propuesta de Salardi iba contra todo ese ecosistema informal, y por eso fracasó.

La historia nos recuerda que, en el Perú, los ministros que tocan el presupuesto con visión de reforma, pero sin respaldo político suficiente, no duran mucho en el cargo.

¿Reforma o continuismo?

La salida de Salardi marca el fin —al menos temporal— de una tentativa de modernizar la gestión del gasto público en infraestructura. Su caída nos devuelve a la lógica conocida: la inversión se negocia, se reparte, y se controla con fines políticos. Mientras tanto, las grandes reformas estructurales seguirán esperando.