Entrevista a Víctor García Toma, expresidente del TC
Por Jorge Turpo R., publicada en El Pueblo

En la mirada del expresidente del TC, el Perú atraviesa una coyuntura en la que la justicia se ha convertido en terreno de disputa política, donde los casos emblemáticos se manejan con sesgos, y donde la institucionalidad se erosiona entre la polarización y la falta de decoro de sus autoridades.

 

El expresidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma, visitó Arequipa con motivo de actividades académicas y, en diálogo con este diario, analizó la coyuntura política y jurídica del país.

 

Con tono crítico, advierte sobre la politización de la justicia, cuestiona el uso de la amnistía, defiende la necesidad de repensar la inmunidad presidencial y subraya que el caso Qali Warma tendrá repercusiones mucho más serias que los escándalos de los Rolex o el cofre presidencial.

 

Desde su experiencia, ¿podemos decir que la justicia en el Perú está politizada?

—Evidentemente. En los últimos años hemos visto que se inician investigaciones a las que se les da el carácter de organización criminal, se imputa lavado de activos, y esos procesos duran años. Eso arrincona y de alguna manera denigra. Las carpetas fiscales, que deberían ser reservadas, terminan filtrándose a los medios y se usan como armas políticas. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial, donde se ha hecho un uso indebido de las acciones de amparo y, sobre todo, de las medidas cautelares.

 

Pero, con tantos expresidentes encarcelados, ¿no es preferible que la Fiscalía sea rigurosa en sus investigaciones?

—El Ministerio Público fue creado en la Constitución del 79 para defender los intereses tutelados por el Código Penal. Investiga y persigue el delito, siempre dentro de la Constitución. El problema surge cuando sus acciones tienen un claro sesgo político, cuando se investiga con un lente parcializado hacia determinados grupos.

 

¿En casos como el de Susana Villarán cree que también hubo eso?

—Hubo varias cosas. Primero, la demora excesiva del Ministerio Público para llevar el caso a juicio. Segundo, a diferencia de otros procesos, a Villarán no se le calificó como organización criminal. Y tercero, la muerte de su colaborador más cercano, hasta ahora no está claro si fue un asesinato o un suicidio. Eso no debería ser tan complicado de esclarecer.

 

Algo similar ocurre con el caso Qali Warma, donde testigos claves han muerto. ¿Qué dimensión tiene este caso?

—Yo creo que ese caso será el más relevante cuando concluya el mandato de la presidenta Boluarte. Más que los Rolex o el cofre. ¿Por qué? Porque involucra montos significativos y, sobre todo, porque ha afectado directamente la salud de cientos de niños. Ese elemento lo hace mucho más grave.

 

¿Incluso más que las muertes ocurridas en las protestas del 2022 y 2023?

—El contexto es distinto. Pedro Castillo estaba preparando un escenario de alteración del orden constitucional con discursos de lucha racial y de clases. Ese proceso se interrumpió con las delaciones de Salatiel Marrufo y desembocó en el autogolpe. Tras eso, estallaron protestas con signos subversivos: tomas de aeropuertos, incendios de locales públicos, bloqueos de ambulancias, asesinatos. Todo eso es innegable.

 

Pero también hubo un uso indiscriminado de la fuerza. En Juliaca, por ejemplo, murieron un médico y varios civiles. ¿No es eso responsabilidad del Estado?

—Está claro que hubo excesos y deben investigarse. Lo que no está probado es que desde la cúpula del gobierno se haya dado la orden de disparar contra la población. Puede haber una responsabilidad política por decisiones precipitadas, pero no necesariamente una intención de acabar con la vida de determinadas personas. Esa investigación continúa.

 

¿Fue correcto suspender los procesos contra la presidenta Dina Boluarte? ¿No debió seguir la misma regla aplicada a Pedro Castillo?

—Desde la Constitución de 1860 hasta Castillo, la regla era la inmunidad absoluta. Recién con Vizcarra se empezó a flexibilizar esa interpretación, y con Castillo se hizo aún más evidente. De allí vinieron allanamientos, incluso a Palacio y a la casa de la propia presidenta, que fueron actos arbitrarios.

 

Con tantos expresidentes involucrados en corrupción, ¿no sería mejor mantener la línea de investigarlos mientras están en funciones?

—Todos los expresidentes procesados lo fueron después de culminar su mandato, conforme al artículo 117 de la Constitución. El Tribunal Constitucional ahora ha dado una interpretación intermedia: permite ciertos actos de investigación para salvaguardar la imagen institucional, pero mantiene que los procesos propiamente dichos deben esperar al fin del mandato.

 

¿Eso no nos condena a seguir teniendo presidentes corruptos en funciones?

—El problema no es la interpretación del artículo 117, sino el propio artículo. Lo que se necesita es una reforma constitucional seria que defina con claridad los alcances de la inmunidad presidencial, considerando el equilibrio entre gobernabilidad y lucha contra la corrupción.

 

En otro tema. ¿Era necesario aprobar la reciente ley de amnistía?

—La amnistía es una atribución histórica, no un invento reciente. En el Perú se ha aplicado varias veces: en 1945, en 1956, después de la marcha de los Cuatro Suyos. Incluso se dio a los hermanos Humala en su momento. Lo discutible no es la figura, sino a quién se otorga.

 

Pero la Corte Interamericana ya se pronunció contra las autoamnistías, como la que promovió Fujimori.

—Sí, y con razón. No se pueden aceptar autoamnistías ni aquellas que buscan impunidad. Este no es el caso: aquí hay procesados que llevan 20, 30 o 40 años sin sentencia. Eso vulnera el derecho al plazo razonable. El almirante, Luis Giampietri, por ejemplo, murió como procesado. Eso no es justicia.

 

¿Y qué pasa con los responsables de violaciones de derechos humanos?

—Muchos de ellos ya fueron investigados, procesados y condenados con penas altas. La amnistía se aplica en función de la edad o la situación de quienes, convocados por el propio Estado para defenderlo, pudieron haber cometido excesos. No estamos hablando de terroristas que actuaron por libre albedrío.

 

¿La Corte Interamericana aceptará esta ley?

—Lo dudo, porque está sesgada. Ya se está amparando en casos como Barrios Altos o La Cantuta, que están totalmente cerrados, para supervisar lo que ocurre hoy. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Tribunal Constitucional, si se presenta una acción de inconstitucionalidad o si se activa el control difuso en los juzgados.

 

Estamos cerca de elecciones generales. ¿Puede la presidenta Boluarte, como lo hizo recientemente, decir por quién no votar?

—De ninguna manera. Es un exceso. La presidenta tiene la obligación de mantener neutralidad y garantizar paz, orden y seguridad para que el Jurado Nacional de Elecciones y los partidos lleven adelante la competencia electoral. Ese tipo de declaraciones pueden incluso ameritar una sanción del JNE.

 

¿Qué piensa del regreso de Juan José Santiváñez al gabinete?

—Fue un error. No hay norma que lo prohíba, pero el Congreso ya había expresado que no lo considera apto para un cargo ministerial. Reintegrarlo es una tozudez de la presidenta. Además, su estilo confrontacional genera ruido innecesario. En tiempos electorales lo que se necesita es discreción, no titulares de prensa por allanamientos a familiares del ministro.

 

¿Se ha perdido el sentido del decoro en la política?

—Sí. Antes, un ministro apenas cuestionado renunciaba por respeto al país. Recuerdo un caso en el primer gobierno de Belaunde: un ministro asumió responsabilidad política por una muerte ocurrida en un enfrentamiento y renunció. Hoy, ese sentido del decoro ya no existe.