Por Miguel Lagos, publicado en Expreso

Carlos Álvarez (61 años) se lanzó al ruedo electoral como un posible candidato presidencial por el partido "País para Todos". Ya ha aparecido en encuestas. Una reciente (20/4/2025. Ipsos) le da 6% en preferencia de voto —2 puntos más que en la anterior— igualando a López Aliaga, "Porky", en el segundo lugar. Mientras Keiko Fujimori lidera la medición con 11% de apoyo popular.

Como suele decirse esa es la "foto del momento" a un año de las elecciones. No obstante, todo puede cambiar, sobre todo en el altamente impredecible Perú.

Álvarez parece fijar empeño y postura en la imparable crisis de seguridad y la elevada criminalidad que los peruanos están viviendo. Ha propuesto la pena de muerte para los delincuentes como respuesta central; una idea muy debatible y de no menores riesgos en contextos donde los sistemas de justicia están abrumados de errores, omisiones, corrupciones y hasta de politizaciones selectivas como es el caso peruano. Aun así es obvio que la problemática de inseguridad será su principal palanca en las elecciones como también lo será para sus competidores.

Por otro lado, Álvarez se ha mostrado evasivo en definirse o ubicarse en algún lugar específico del expectro político. "Yo soy de izquierda, de derecha y de centro", advierte en un afán de mostrar al grupo que lo cobija como una suerte de partido catch-all o partido "atrapatodo". En este tipo de organización se suele convocar esfuerzos disímiles de fondo y forma (el típico "perro, pericote y gato" en política) y donde las tensiones internas hierven amenazando rápidamente su existencia. Una persistente indefinición se instala sobre la base de un "pragmatismo" político mal entendido, nebuloso... sin brújula ni orientación. El proyecto de PPK (hay quienes en 2016 lo etiquetaron hasta de "potencial socialista" precisamente por las ambigüedades programáticas) es una muestra no tan lejana de este tipo de esfuerzo frustrado político "partidario".

Y si bien en el terreno económico Álvarez apoya la promoción de la inversión privada y el crecimiento que esta genera para la reducción de la pobreza, se manifiesta todo un hincha de las empresas estatales a las que no le preocuparía inyectar mayores recursos de los contribuyentes. Un flanco que podría restarle apoyo entre una creciente indignación ciudadana contra el despilfarro de multimillonarios presupuestos que deberían ir directamente a seguridad ciudadana, educación o salud públicas.

Hay no obstante (mirando ya brevemente la estrategia electoral o el pulseo al menos en la primera vuelta el 2026) una potencial oportunidad, un importante recurso impulsor de la campaña política presidencial que apuntaría a investigar y sancionar a un cada vez menos "popular" Martín Vizcarra y sus cómplices impunes.

Así es, Carlos Álvarez ha propuesto la creación de una Comisión de la Verdad para investigar el manejo de la pandemia del COVID-19 durante el desgobierno vizcarrista (2018-2020), acusándolo específicamente de permitir un "saqueo" de recursos públicos (incluye sobreprecios y contratos irregulares con empresas chinas) durante la emergencia sanitaria.

Si Álvarez da más tracción a esta iniciativa enmarcada en un discurso anticorrupción que busca irregularidades en la asignación de fondos y decisiones políticas (rechazando caer en la "indignación" selectiva como ocurre con el irresuelto caso de Susana Villarán), podría cosechar políticamente entre los votantes o capitalizar el descontento de un creciente antivizcarrismo. Este factor empieza a jugar un rol en el sistema de tensiones peruano tan igual o mayor que el anticaviarismo (quizá ya el "partido más grande" del Perú superando al otrora dominante antifujimorismo que fue perdiendo Influjo por el soporte dado a varios expresidentes hoy encarcelados como el prosenderista Castillo).

Veremos entonces si el humorista Álvarez pasa de la sátira o la simple comedia política como método marketero, a la política contenciosa —no tradicional— como impulsor serio en la competencia presidencial.