Por Augusto Cáceres Viñas

A los 60 días de iniciado el actual gobierno democrático, podemos y debemos hacer evaluaciones críticas. Pero considero imprescindible que lo hagamos tomando como referencia el último gobierno democrático anterior a este: el de Pedro Pablo Kuczynski, que comenzó en 2016, hace ya diez años.

Algunos podrían decir que estoy equivocado y que el gobierno de Pedro Castillo fue el último gobierno democrático antes del actual. Por eso conviene hacer una precisión conceptual: que un gobierno haya sido elegido democráticamente no significa, necesariamente, que sea democrático.

Desde la aparición del chavismo y del llamado socialismo del siglo XXI quedó claro que, para algunos movimientos, la democracia era un medio para llegar al poder, no el propósito que debía orientar su ejercicio. El proceso de destruirla empezaba después de acceder al gobierno mediante el voto ciudadano.

Alguien podría sostener que el gobierno de Ollanta Humala, que llegó al poder con el respaldo del chavismo, también debe incluirse entre esos gobiernos. Sin embargo, Humala renunció a la «Gran Transformación» y fue elegido con la «Hoja de Ruta». Asumió un compromiso democrático y, en su comportamiento, se mantuvo dentro de ese marco. Para mí, ese caso está cerrado.

También podría decirse que Martín Vizcarra, al asumir por sucesión constitucional, tuvo un comportamiento democrático. No lo creo. En mi opinión, Vizcarra perpetró con éxito un golpe de Estado y gobernó de manera autoritaria.

¿Y Manuel Merino? En cinco días no llegó a consolidar una propuesta que pudiera llamarse gobierno. Hubo una sucesión constitucional, pero no un gobierno efectivo.

Francisco Sagasti podría ser considerado un gobernante democrático. Su sucesión fue constitucional, pero su mandato tuvo un carácter transitorio: debía completar los ocho meses que faltaban para concluir el periodo iniciado por PPK. Fue una transición de formas democráticas, pero demasiado breve para compararla con un gobierno surgido de un proyecto de cinco años.

El caso de Pedro Castillo es distinto. A mi juicio, fue un gobierno que utilizó la democracia para intentar destruirla. Lo rodearon la corrupción y la presencia de funcionarios que, en su mayoría, no demostraron compromiso con los principios democráticos. Finalmente, Castillo intentó dar un golpe de Estado y se quitó la máscara. Fracasó, después de que su gobierno ya había causado más de sesenta muertes.

El caso más complejo es el de Dina Boluarte. Considero que, al no convocar a elecciones tras la caída de Castillo, su gobierno quedó profundamente debilitado en su legitimidad, aunque intentara dar muestras de respeto por las formas democráticas. Lo mismo puede decirse de José Jerí y José María Balcázar: fueron representantes de la degradación democrática, no por la legalidad de sus respectivas asunciones, sino por la legitimidad de sus acciones.

Por eso, el gobierno de PPK y el de Keiko Fujimori pueden compararse como gobiernos de origen, proyecto y accionar democráticos. Más allá de lo que cada uno hizo en sus primeros 60 días y de las circunstancias particulares de cada momento, ambos ofrecieron —y ofrecen— un horizonte de desarrollo dentro del sistema democrático.

En un país con una historia de golpes de Estado, dictaduras y gobiernos de facto, mantener un gobierno democrático en su conducta y en sus decisiones es siempre un reto. Los ciudadanos que creemos en la libertad y en la democracia tenemos la responsabilidad de defender ese sistema.

Eso no significa que debamos estar de acuerdo con cada decisión del Ejecutivo. Podemos expresar nuestro acuerdo o desacuerdo; podemos criticar con firmeza. Pero quienes queremos construir una democracia mejor tenemos también la obligación de fortalecerla y respaldarla. No mediante una aquiescencia obsecuente o genuflexa, ni mediante una oposición obtusa y desaforada.

La crítica de un demócrata no debería ser recibida por el gobierno como la de un enemigo. Puede venir de un aliado que quiere ayudar a gobernar mejor. Un Ejecutivo democrático debe escucharla y examinarla con atención.

Me preocupa que, como ocurrió con PPK hace diez años, este gobierno se encierre en un círculo íntimo y pierda la capacidad de advertir lo que ocurre fuera de él. Entonces, el fujimorismo creyó que su misión era sacar a PPK del poder. Hoy, una coalición antigubernamental en el Parlamento parece empeñada en repetir esa historia con Keiko Fujimori.

No caminemos hacia un déjà vu político. Ojalá este gobierno salga del círculo que hoy parece rodear a la presidenta y evite repetir los errores de PPK.

Una señal preocupante es la nueva estructura de secretarías ejecutivas en torno a la presidenta. A mi juicio, puede limitar aún más su visión. La necesidad de abrir el gobierno no depende de que la popularidad presidencial esté en declive. Keiko Fujimori ganó por un margen estrecho; eso debería llevarla a escuchar a todos los peruanos, incluidos quienes no votaron por ella y, especialmente, quienes sí lo hicieron, pero no forman parte de su círculo de poder. Muchos de ellos son demócratas que buscan fortalecer el sistema y construir una democracia mejor.

Los adulones y “chicheñor”hacen daño. Suelen ser los primeros en abandonar el barco cuando creen que puede hundirse.

Más apertura y menos círculos de poder. No queremos que se repita lo ocurrido con PPK. El problema no es que la presidenta pueda renunciar. El problema es que el gobierno llegue a un punto en el que solo piense y actúe para sobrevivir. Cuando eso ocurre, los valores y principios democráticos se relajan; la democracia se debilita y el costo lo pagamos todos. 

A los peruanos nos tomó diez años recuperar una oportunidad democrática como esta. No fue un logro de Keiko Fujimori, de los fujimoristas ni de Fuerza Popular: fue una oportunidad recuperada por todos los peruanos.

Fueron diez años terribles, que nos sumieron en una oscuridad política y social de la que todavía no hemos salido del todo. Pero aún estamos a tiempo de evitar que la historia se repita. Muchas veces es necesario dar un paso hacia atrás para avanzar mil hacia adelante.