El Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia instruyó este viernes la revisión inmediata de los plazos legales en los procesos judiciales contra la ex presidenta Jeanine Áñez, el gobernador de Santa Cruz Luis Fernando Camacho y el ex cívico Marco Antonio Pumari, detenidos por los hechos de la crisis política de 2019.

La medida, firmada por el presidente del TSJ, Romer Saucedo, establece que los tribunales departamentales deberán verificar en un plazo de 24 horas si las detenciones preventivas se ajustan a la normativa vigente.

El instructivo subraya que los jueces, incluso de oficio, deben realizar la verificación dentro de sus facultades constitucionales y resolver conforme a derecho, lo que abre la posibilidad de que los acusados puedan recuperar su libertad si se comprueba que los plazos ya se cumplieron. El documento insiste en que no se trata de una injerencia en las competencias judiciales, sino de una manifestación de independencia del máximo órgano de justicia.

Los tres opositores enfrentan diversos procesos por su participación en las movilizaciones que derivaron en la renuncia de Evo Morales en 2019. Áñez fue condenada en 2022 a 10 años de prisión por el caso “golpe de Estado II” y mantiene abiertos otros siete juicios. Camacho y Pumari permanecen bajo detención preventiva en el denominado caso “golpe de Estado I”, aunque el proceso se encuentra paralizado mientras el Tribunal Constitucional revisa la figura penal de terrorismo.

Tras conocerse la disposición del TSJ, Áñez se pronunció en redes sociales señalando que la medida representa una reparación, no un triunfo, y reclamó que se restituyan los derechos que, según ella, fueron vulnerados por injerencia política. En tanto, analistas como el constitucionalista William Bascopé destacaron que se trata de una aplicación excepcional del principio de celeridad y transparencia, previsto en la Constitución, que obliga a la justicia a determinar si la detención preventiva aún tiene sustento legal.

La decisión llega en un contexto de fuerte tensión política, a pocos días de culminar el proceso electoral en Bolivia que dejó debilitado al Movimiento al Socialismo (MAS). Con la orden de revisión en curso, el país aguarda un desenlace que podría modificar de manera significativa la situación judicial de los principales líderes opositores detenidos desde hace más de cuatro años.