Fuente: EL REPORTE

El gobierno activará una bomba política de consecuencias aún inciertas. El primer ministro Aníbal Torres advirtió que presentará una cuestión de confianza ante el Congreso. Con esto le exigirá atender con urgencia una iniciativa del Ejecutivo presentada en abril de este año que busca reformar precisamente la Cuestión de Confianza. Esta herramienta constitucional, sin embargo, serviría para un fin de corte tiránico: la disolución del Parlamento. Si el Poder Legislativo la rechaza dos veces —sea para negar la formación de un gabinete, la asunción de un ministro, la aplicación de una política, etc.—, corre peligro de ser disuelta por el presidente Pedro Castillo, como ya pasó en el 2019 con el entonces mandatario Martín Vizcarra. La llamada “bala de plata” ya se intentó usar dos veces: para evitar la censura de Iber Maraví en el sector Trabajo y para ratificar a Héctor Valer como premier. En ningún caso se llegó a cruzar esta frontera, pero ahora el panorama es distinto y, sobre todo, peligroso.

La justificación

Este último martes 8 de noviembre, aludiendo a la “profunda crisis política”, el primer ministro Aníbal Torres pidió al presidente del Congreso, José Williams, que lo cite para la sesión más próxima del Pleno. Su objetivo es apelar in situ a una cuestión de confianza para que el fuero parlamentario debata y vote el proyecto de ley 1704/2021-PE —que presentó el 8 de abril de este año— para derogar la Ley n° 31355 —promulgada el 21 de octubre del 2021—, referida a la Cuestión de Confianza. Es decir: una cuestión para poner nuevas reglas en la cuestión.

De acuerdo al polémico líder del Consejo de Ministros, esta iniciativa está vinculada a la política del Ejecutivo en su Eje N°6, y que por lo tanto debe ser admitida; esto pese a que el Tribunal Constitucional ya determinó su improcedencia en febrero de este año. Dijo, además, que “la Ley N°31355 restringe de tal manera la facultad del Ejecutivo de usar la herramienta de la cuestión de confianza, que debilita el sistema democrático en cuanto a las atribuciones de un Poder Ejecutivo que se encuentra presidido por alguien democráticamente elegido, como es el presidente Pedro Castillo Terrones”.

Respaldo ministerial

A este coro se sumaron otros ministros como Bettsy Chávez (Cultura), Alejandro Salas (Trabajo) y Rosendo Serna (Educación). El único que hasta ahora no se pronuncia es Félix Chero (Justicia), quien el 18 de julio de este año dijo: “yo creo que cerrar el Congreso de la República o lanzarle un misil de cuestión de confianza es, justamente, generar mayores confrontaciones. Sin embargo, es legítimo y constitucional hacerlo”.

Descargo congresal

Desde el Congreso, las opiniones fueron divididas. La parlamentaria de Perú Libre, Silvana Robles, apoyó la cuestión de confianza. "Tratándose de un PL ordinario (1704/2021-PE) y no de reforma constitucional, la CC es procedente", tuiteó.

La respuesta de la oposición fue contundente. Rosangella Barbarán, de Fuerza Popular, dijo que "el TC fue claro respecto al tema. Mira quiénes terminaron desesperados forzando una figura que no existe. El clamor de la calle no es fáctico". Una postura similar adoptó Diego Bazán y Alejandro Cavero, ambos de Avanza País. El primero, respectivamente, le dijo al premier que “no se ponga nervioso” y el segundo refirió que “el Ejecutivo está asustado porque se le viene la noche”. Mientras que Luis Aragón, de Acción Popular, mencionó que la acción del Ejecutivo es "inadmisible" y José Cueto, de Renovación Popular, que es “improcedente”.

La voz de los expertos

“El Ejecutivo está utilizando la cuestión de confianza indebidamente, violando la Ley 31355. Desde que la constitucionalidad de esta ley fue confirmada el 10 de febrero de 2022 por el Tribunal Constitucional, en aplicación de ella, el Congreso debe declarar que el pedido del Ejecutivo es improcedente”, apuntó el constitucionalista José Luis Sardón.

Para el politólogo Juan de la Puente la figura es similar: "(es) un imposible jurídico", apuntó. “La cuestión de confianza es una huida hacia adelante. El pedido anuda más la crisis y puede terminar en un desorden sucesivo. Votada o no, puede terminar en un conflicto de competencia ante el Tribunal Constitucional”, agregó.

La advertencia del también constitucionalista Carlos Hakansson fue que este “sería el preludio de una estrategia que tiene como conclusión la disolución del Congreso”.

Esta movida se da en un contexto de alta tensión. El gabinete se jugaría un último cartucho sabiendo que la salida de Aníbal Torres del premierato es casi un hecho después del ataque misógino que protagonizó contra la periodista Sol Carreño. Además, al presidente Pedro Castillo la justicia le respira el hombro en distintos frentes: el Parlamento evalúa esta semana su inhabilitación por el delito de traición a la patria y la Fiscalía redobló las investigaciones preliminares en su contra. La evaluación de la encrucijada local por parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), previsto para el 20 y 21 de noviembre, sería cuando la temperatura política haya excedido sus límites. Podría encontrar solo polvo, llamas y anarquía.

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