Fuente: EL REPORTE

La sobrevivencia del régimen chotano se estaría desmoronando. Esta semana cayó en una doble exposición: el primer ministro Aníbal Torres mostró su intención de reformar la Cuestión de Confianza, cuando esa acción es facultativa del Congreso, y la marcha progobiernista —de nombre casi confesional: “Toma de Lima”— habría tenido cierta permisividad por parte de la Policía. Lo primero, respectivamente, ya fue rechazado en cuestión de horas por el presidente del Parlamento, José Williams, y en el segundo caso, el grupo aún mínimo fue relegado por los agentes policiales para tratar de miniaturizar su negligente trabajo de Inteligencia. Todo esto se da a un día de conocerse el veredicto de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales sobre el informe final de la denuncia constitucional contra el presidente Pedro Castillo por el delito de traición a la patria.

La relación Ejecutivo-Congreso entró en nuevo episodio de alta combustión. El grupo liderado por el jefe de Estado dio licencia al casi saliente premier —por su ataque misógino contra la periodista Sol Carreño— para advertir al Congreso que iba a presentar una cuestión de confianza. Su objetivo: eliminar la reforma que hizo el Congreso en octubre del año pasado a este mismo mecanismo constitucional para equilibrarlo después de su deliberante uso en la gestión de Martín Vizcarra en el 2019. Esta movida de Torres se dio —que no sería coincidencia, en política poco o nada lo es— a puertas de la manifestación en el Centro de Lima a favor del inquilino de la Casa de Pizarro.

El escenario estaba armado por el Ejecutivo para dar un golpe en las calles y en el plano jurídico. Sin embargo, el viraje se dio por su propio peso.

El presidente de la Mesa Directiva, José Williams, adelantó que la petición del líder del Consejo de Ministros era improcedente. "Su pedido no resulta atendible en los términos planteados”, dijo en un comunicado. Y agregó: “El Ejecutivo pretende enfrentar al Congreso de la República. El Ejecutivo pretende cerrar al Congreso de la República. Le está haciendo daño a la nación”. A este rechazo se sumaron otros congresistas como Alejandro Cavero (Avanza País), Rosangella Barbarán (Fuerza Popular) y José Cueto (Renovación Popular). Incluso, el mismo Waldemar Cerrón (Perú Libre) dijo que la medida del Ejecutivo era “inconstitucional”.

Williams, de todos modos, era consciente de los tiempos —rechazar al gobierno a puertas de una marcha— y por eso decidió suspender las actividades del Congreso para este jueves 10 de noviembre. Algunos legisladores estuvieron a favor; otros en contra. Estos últimos fueron desdichos después que desde las 5 de la mañana de la fecha mencionada un grupo de manifestantes llegara sin ningún problema hasta los exteriores del Parlamento. El general Manuel Lozada, jefe de la Región Policial Lima, dijo que fueron sorprendidos porque la protesta “estaba programada para las 3 de la tarde”. Estos, sin embargo, no fue aceptado por la primera vicepresidenta del Legislativo y militante de Fuerza Popular, Martha Moyano. Además de calificarlo de “irresponsable”, precisó que “debe irse” si no tenía información de Inteligencia como siempre la tiene Palacio de Gobierno.

Pese a estos contratiempos, los congresistas decidieron enrostrar a los que marchaban a favor del gobierno yendo hasta las instalaciones del mismo Parlamento, pese al cierre temporal. Así como Moyano, también llegaron Jorge Montoya, José Cueto y Alejandro Muñante, los tres de Renovación Popular; el último respectivamente el tercer vicepresidente del Legislativo. De hecho, el mismo Cueto también habló contra el general Manuel Lozada.

“Seguramente habrá estado dormido el general. Me extraña que un general no tenga información. Así sea una cuestión no programada para él. Pero que diga que no sabía, yo personalmente no le creo. Me parece de muy mal gusto ver cómo de un lado, por la manifestación que hubo el sábado pasado (el 5 de noviembre), sí llegaron y los tuvieron lejos del Congreso”, apuntó.

De esta forma, coincidieron en que esta distracción de la Policía colinda con cierta transigencia para los que se manifiestan a favor del gobierno, que no está tan lejos de ser descabezado. Este viernes 11 de noviembre la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales definirá si el informe final por el delito de traición a la patria contra Pedro Castillo irá o no a la Comisión Permanente. En este despacho, finalmente se decidirá si lo suspenderán o no por cinco años. El resultado aún es incierto.

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