Fuente: EL REPORTE

Tras varios meses de avanzar a cuentagotas, el caso del presidente Pedro Castillo por el presunto de delito de traición a la patria dio un salto casi definitorio. La mañana de este viernes 11 de noviembre, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso aprobó por mayoría, 11 parlamentarios contra 10, el informe final que exige la inhabilitación por 5 años para el ejercicio de la función pública del profesor chotano. Esto por haber manifestado en enero de este 2022 su intención de darle acceso al mar peruano a Bolivia. Con esta determinación, que se tomó dos días después de la exposición del legislador Diego Bazán, quien precisó que “el territorio nacional es inalienable”, ahora le toca el turno a la Comisión Permanente, instancia que tendrá que devolver o ratificar el veredicto.
 

La denuncia constitucional contra el jefe de Estado por el delito de traición a la patria se presentó después que consignara una iniciativa que cargaba desde su época sindicalista: cercenar parte de nuestras millas marítimas para dárselas a Bolivia. Así lo mencionó en una entrevista en enero con Fernando del Rincón, de CNN. Quiso bajar el impacto político de su comentario anunciando que sería “vía referéndum”. Sin embargo, no pudo evitar las consecuencias lógicas.

De acuerdo al informe final, expuesto por el congresista Diego Bazán el último miércoles 9 de noviembre, el mandatario infringía los artículos 32, 54, 110 y 118 de la Constitución. “Se le imputa la presunta comisión del delito de traición a la patria tipificada en el artículo 325 del Código Penal como atentado contra la integridad nacional”, dijo aquel día.

El abogado constitucionalista Ángel Delgado Silva ya había fundamentado previamente este caso en un medio local. “Las declaraciones del presidente de la República a un medio internacional (…) no son opiniones particulares, no son puntos de vista (individuales), sino que está hablando a nombre del Estado peruano, en la medida que personifica a la nación y es el jefe de la política exterior. Sobre esto, hay una reiterada jurisprudencia en el derecho internacional. No una, sino varias veces, las cortes internacionales han tomado como un elemento de vinculación, o sea obligatorios, declaraciones que han hecho los presidentes, incluso en condiciones que no lo hacían con la formalidad del caso", apuntó.

La votación se programó para este viernes 11 de noviembre y el resultado fue: 11 a favor y 10 en contra.

En el primer grupo, respectivamente, está la presidenta de la subcomisión y congresista de Alianza para el Progreso, Lady Camones; los cinco legisladores de Fuerza Popular Hernando Guerra, Patricia Juárez, María Cordero, Juan Carlos Lizarzaburu y Ernesto Bustamante y también los dos de Renovación Popular: Noelia Herrera y Milagros Aguayo. De igual forma lo hicieron Diego Bazán, de Avanza País —quien sustentó este material—, y los dos congresistas de Acción Popular, José Arriola y Wilson Soto.

La denegatoria vino de la mayoría izquierdista. Están Segundo Montalvo, Flavio Cruz, Margot Palacios; todos de Perú Libre. También Elizabeth Medina y Segundo Quiroz, del Bloque Magisterial. Asimismo, José Balcázar, de Perú Bicentenario; Hamlet Echevarría, de Perú Democrático, y Edgard Reymundo, de Cambio Democrático-Juntos por el Perú. Los otros dos son Susel Paredes, de Integridad y Desarrollo, y Luis Aragón, de Acción Popular.

Y los que no votaron fueron Óscar Zea, de Podemos, y Rosio Torres, de Alianza para el Progreso. Tampoco lo hicieron, pero por licencia: Norma Yarrow, de Avanza País, y Hitler Saavedra, de Somos Perú.

Ahora pasará lo siguiente. El presidente de la Comisión Permanente, José Williams, deberá entregar el material a su equipo para después convocar a una sesión, que se realizará antes de los dos días útiles posteriores. Esto según el artículo 89 del Reglamento del Congreso. De ratificarse la denuncia, se armará una Subcomisión Acusadora, que tendrá en sus filas a uno o dos integrantes de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esta agrupación deberá sustentar la acusación en el Pleno. Aprobada en esta fase, sigue ponerle fecha y hora al debate de la acusación constitucional. Para que se materialice la suspensión, inhabilitación o destitución por infracción constitucional en un juicio político se necesitan la votación de los 2/3 del número de miembros del Parlamento. No se cuentan a los que forman parte de la Comisión Permanente, es decir, se necesitan 66 votos de 97. La sanción sería aplicada ipso facto.

La gestión del actual jefe de Estado ha patentado una nueva versión del autosabotaje. No solo por las errantes decisiones a la hora de armar su equipo ministerial, por los cabos sueltos que darían cuenta de la organización criminal que lidera en Palacio (esto según hipótesis fiscal), por las juntas casi apátridas (como las visitas de ex miembros del Movadef, brazo político del Sendero Luminoso). También por los discursos que articula: algunas veces ininteligibles; otras veces delatores. Desde este último frente podría venirse el fin de su mandato.

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