Por Alfonso Baella Herrera, CEO de CanalB.pe

El Perú vive hoy una hora decisiva. El Ministerio Público, institución destinada a defender la legalidad y la Constitución, está siendo empujado a convertirse en el instrumento de una facción. No de fiscales al servicio de la ley, sino de un grupo ideológico que pretende usar el poder para dominarlo todo. La Fiscalía no puede ser la guarida de una banda ni el brazo operativo de intereses extranjeros. Su deber es con la Nación, no con ONGs que trafican discursos de derechos mientras negocian impunidad y poder.

El país necesita una Fiscalía al servicio del Estado de Derecho, no una secta disfrazada de justicia. No se puede seguir tolerando que las ONGs con financiamiento foráneo dicten la agenda judicial del Perú, que seleccionen a quién investigar, a quién destruir y a quién blindar. Han hecho de la persecución un oficio y de la impunidad un negocio. Bajo el pretexto de “luchar contra la corrupción”, han instalado una red que decide qué casos avanzan y cuáles se archivan, quién merece ser destruido y quién, protegido.

La justicia no puede ser facciosa. La ley no puede tener apellido ni bandera. La imagen de la Justicia con los ojos vendados es un símbolo sagrado: significa que no ve a quién sirve, que solo pesa hechos y pruebas. Pero en el Perú esa venda ha sido arrancada. Hoy la Justicia mira, distingue y actúa según el interés de quienes manipulan desde la sombra al Ministerio Público. Pretenden crear un Estado paralelo, una república de los “justos”, donde el poder judicial y fiscal reemplace al voto ciudadano.

Esa es la verdadera amenaza: el intento de construir un poder sin control, un nuevo absolutismo disfrazado de moral. Quieren sustituir el Estado de Derecho por un “Estado de sospecha”, donde todo aquel que piensa distinto es culpable hasta demostrar lo contrario. No buscan justicia, buscan dominación. No quieren equilibrio, quieren venganza.

Por eso este no es un debate sobre nombres ni cargos. No se trata de defender a Tomás Aladino Gálvez ni de atacar a Delia Espinoza. Es algo mucho más profundo: es la defensa de los cimientos de la República, de la paz social y del orden democrático. Si el Ministerio Público cae en manos de una secta, el país entero quedará rehén de la arbitrariedad.

Los peruanos debemos estar alertas. Primero, informados: entendiendo qué está en juego. Segundo, conscientes: sabiendo que la manipulación judicial destruye naciones. Y tercero, dispuestos: listos para dar la batalla desde donde nos toque. En el hogar, conversando con nuestros hijos; en el aula, debatiendo con razones; en el trabajo, defendiendo la verdad; y en las redes, alzando la voz por la justicia.

No podemos ni debemos callar. La historia enseña que cuando los pueblos se resignan, los abusos se consolidan. Y cuando los ciudadanos se levantan con dignidad, las naciones se salvan. Esta es la hora de la valentía cívica, de no ceder ante el miedo ni ante la manipulación.

La justicia debe volver a ser justicia. Sin bandos, sin dueños, sin consignas. Porque solo un país donde la ley vale igual para todos puede llamarse verdaderamente libre. Esa es la batalla que nos toca dar hoy. Y la vamos a dar.