Vecinos de distintos distritos de Lima han comenzado a denunciar públicamente que sus nombres fueron utilizados sin consentimiento como supuestos donantes de campaña a favor de Susana Villarán durante su intento de reelección en 2014.

Según las investigaciones fiscales, al menos 65 personas habrían sido incluidas como aportantes por sumas que, en conjunto, alcanzarían casi un millón de soles, pese a que muchos de ellos niegan rotundamente haber entregado dinero o tenido vínculo alguno con la exalcaldesa. Algunos incluso relataron que sus firmas fueron falsificadas en los documentos presentados ante la ONPE.

Entre los casos más llamativos se encuentran el de Orlando Salazar, quien apareció como donante de mil soles sin saberlo, y el de Jorge Machuca Cerdán, registrado con un supuesto aporte de 80 mil soles. Ambos negaron las contribuciones y afirmaron nunca haber sido contactados por la campaña. La fiscalía también recogió testimonios de personas en situación de vulnerabilidad económica, como Máximo Córdova, un taxista enfermo, y Sabina Rodas, quien era estudiante sin ingresos en la época del supuesto aporte.

Los testimonios recogidos forman parte del expediente que enfrenta Susana Villarán, junto a su expersonero legal Marco Zevallos y otros colaboradores, por delitos como lavado de activos y asociación ilícita. Según el Ministerio Público, los reportes de aportes falsos habrían servido para justificar el ingreso de millones de dólares provenientes de las constructoras brasileñas OAS y Odebrecht, los cuales nunca fueron declarados oficialmente ante la ONPE.

La fiscalía sostiene que durante las campañas del No a la Revocatoria y de reelección se habrían recibido hasta siete millones de dólares en aportes ilegales, que fueron disimulados con listas de falsos donantes. Documentos oficiales firmados por Zevallos, la contadora Mónica Pozo y el tesorero José Castro Joo habrían maquillado los montos verdaderos, reportando ingresos significativamente menores para cumplir con los requisitos formales de fiscalización electoral.

El juicio contra Villarán y sus excolaboradores está programado para iniciar el 23 de septiembre. El Ministerio Público ha solicitado penas de hasta 18 años de prisión. A pesar de la gravedad de las acusaciones y del creciente número de testimonios, ni Villarán ni Zevallos han brindado declaraciones a la prensa, mientras las víctimas exigen justicia por el uso indebido de su identidad en uno de los casos más emblemáticos de financiamiento ilícito en la política peruana reciente.