El economista Juan José Marthans expresó su rechazo al financiamiento público que recibirán los partidos políticos en el Perú, tras conocerse la distribución oficial publicada por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

Según el cuadro de asignación para el periodo 2021-2026, las organizaciones políticas recibirán en conjunto S/ 77,980,016.40, de los cuales S/ 7,798,001.64 serán entregados entre julio y diciembre de 2025. Perú Libre encabeza la lista con más de S/ 10.7 millones asignados para el quinquenio, seguido de Fuerza Popular con S/ 9.5 millones y Renovación Popular con S/ 8.4 millones.

Marthans consideró inmoral destinar montos de esa magnitud en un país con más de nueve millones de personas en situación de pobreza. “Me opongo radicalmente a que en un país con más de 9 millones de pobres se asigne tanto dinero a gente de mal vivir y que le hace daño al país. Estos recursos mejor para los comedores populares, atención a los niños pobres con cáncer o quemaduras. Ya basta”, manifestó. Para el economista, el uso de fondos públicos para fortalecer a los partidos no se justifica en el contexto económico actual.

La ONPE detalla que, además de las tres organizaciones con mayor financiamiento, Acción Popular recibirá S/ 8.2 millones; Alianza para el Progreso, S/ 7.4 millones; Avanza País, S/ 7.4 millones; Juntos por el Perú, S/ 6.8 millones; Somos Perú, S/ 6.6 millones; Podemos Perú, S/ 6.4 millones; y el Partido Morado, S/ 6.2 millones. El financiamiento público directo es una política diseñada para reducir la dependencia de aportes privados y evitar vínculos con actividades ilícitas.

Sin embargo, Marthans señaló que ese argumento no debe sostenerse a costa del presupuesto nacional. “Darle dinero de todos los peruanos a nuestra decadente clase política para evitar que reciban dinero del narcotráfico o de la minería ilegal. Por Dios. No hay nada que justifique semejante desinteligencia. Mi dinero para los pobres, no para los ladrones”, afirmó. El debate vuelve a poner en agenda la necesidad de evaluar si el financiamiento estatal a partidos políticos contribuye efectivamente al fortalecimiento democrático o si debe ser replanteado para priorizar sectores sociales urgentes.