El gobernador regional de Tumbes, Segismundo Cruces Ordinola, fue detenido tras ser señalado como presunto líder de una organización criminal que habría operado desde el interior del gobierno regional para beneficiarse de fondos públicos. La intervención fue confirmada por la Policía Nacional del Perú, que indicó la existencia de indicios consistentes de lavado de activos vinculados a la ejecución de obras estatales.

El general PNP Orlando Sánchez, director de investigaciones de la Dirección de Investigación de Lavado de Activos y Extinción de Dominio (DIRILA), informó que Cruces Ordinola sería el cabecilla de la red denominada “Los elegantes del Gore”. Según detalló, la investigación preliminar revela que el gobernador actuó en coordinación con personas de su entorno cercano para mover y ocultar dinero de origen ilícito.

De acuerdo con la tesis fiscal, la presunta organización criminal habría direccionado proyectos de gran envergadura, entre ellos trabajos de descolmatación en el distrito de Corrales y la reconstrucción del Hospital de Apoyo Saúl Garrido Rosillo II-I. Estas obras habrían sido utilizadas como mecanismo para generar recursos que luego eran desviados con fines personales.

El general Sánchez precisó que parte del dinero público ejecutado, que superaría los tres millones de soles, fue utilizado para la adquisición de bienes muebles e inmuebles de uso particular. Este patrón financiero, sostuvo, evidencia modalidades típicas de lavado de activos, como la conversión, transferencia y ocultamiento de fondos provenientes de actos de corrupción.

Además del gobernador, figuran como investigados Zoila Cuéllar Garay, pareja de la autoridad regional, así como Luis Peña Alburquerque y Carmen Guerrero Jaime, quienes presuntamente facilitaron el movimiento del dinero. En ese marco, el Poder Judicial autorizó tanto las detenciones como la incautación de propiedades que ahora forman parte de un proceso de extinción de dominio.

El Juzgado de Investigación Preparatoria Transitoria de Tumbes dictó 15 días de detención preliminar para los implicados, periodo durante el cual se realizará el levantamiento del secreto de las comunicaciones y el análisis de dispositivos electrónicos. De confirmarse la hipótesis del Ministerio Público, no se descarta que se solicite prisión preventiva mientras continúan las diligencias del caso.