En una reciente resolución, el Tribunal Constitucional confirmó la validez de la Ley 31520, la cual restablece la autonomía y estructura institucional de las universidades peruanas.

La sentencia pone fin a los esfuerzos de aquellos que intentaban evitar la supervisión de administraciones anteriores en la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria (Sunedu). Dado que la cuestión ha sido considerada como "cosa juzgada", se rechazan futuros intentos de impugnar la ley.

La decisión del pleno del Tribunal Constitucional, tomada el 15 de agosto, respalda la constitucionalidad y plena vigencia de la Ley 31520. Se hace referencia a una sentencia previa emitida el 2 de enero de 2023, lo que significa que cualquier futura demanda contra las disposiciones ya analizadas y deliberadas por el tribunal será descartada.

Esta decisión del Tribunal Constitucional desestima los intentos de ciertas personas y organizaciones no gubernamentales que buscaban obstaculizar la autonomía real de la Sunedu y las universidades.

En consecuencia, la Sunedu, con una gestión autónoma y transparente, podrá continuar sus labores para asegurar la provisión de educación de calidad y proseguir con la supervisión de los fondos institucionales utilizados de manera inapropiada en años anteriores.

Esto incluye el esclarecimiento del gasto de aproximadamente 10 millones de soles en consultorías de cuestionable calidad, una situación que actualmente está siendo investigada por la Contraloría General de la República.