El Tribunal Constitucional (TC) ordenó la reposición de Tomás Aladino Gálvez Villegas en el cargo de fiscal supremo titular, luego de declarar fundada la demanda de amparo que interpuso contra la sanción impuesta por la Junta Nacional de Justicia (JNJ).

La decisión del máximo intérprete de la Carta Magna se adoptó con los votos favorables de los magistrados Luz Pacheco Zerga, Francisco Morales Saravia, Gustavo Gutiérrez Ticese y Pedro Hernández Chávez.

En su resolución, el TC declaró nulo todo el procedimiento disciplinario iniciado contra Gálvez en febrero de 2020, así como las resoluciones emitidas durante ese proceso. No obstante, dejó a salvo la competencia de la JNJ para que, si lo considera pertinente, pueda iniciar una nueva investigación bajo el debido proceso. “En consecuencia, ordenar la reposición de don Tomás Aladino Gálvez Villegas al cargo de fiscal supremo titular que venía ejerciendo”, señala el documento difundido.

Gálvez fue destituido por la JNJ en abril de 2021, tras ser hallado responsable de faltas muy graves relacionadas con el caso de los Cuellos Blancos del Puerto. Según se conoció en su momento, tres de los seis cargos que se le atribuyeron estaban vinculados con presuntas gestiones irregulares a favor del ex juez supremo César Hinostroza, mientras que los otros tres correspondían a conductas impropias en una entrevista radial realizada en 2020.

De los seis hechos investigados, Gálvez fue declarado responsable en cuatro, fue absuelto de uno y en el sexto se determinó que no había sustento suficiente para establecer una infracción. A partir de estos hallazgos, el pleno de la JNJ aprobó su destitución por mayoría, una decisión que hoy ha quedado anulada por el Tribunal Constitucional.

La restitución de Gálvez como fiscal supremo se da en medio de un contexto en que otras decisiones de la JNJ también han sido cuestionadas en instancias constitucionales, lo que abre un nuevo capítulo sobre los límites de su actuación disciplinaria. Esta resolución podría sentar un precedente relevante sobre los estándares exigidos para los procesos sancionadores contra altos funcionarios del sistema de justicia.