El pleno del Senado aprobó este miércoles 21 de octubre la delegación de facultades legislativas al Gobierno de Keiko Fujimori para enfrentar la inseguridad ciudadana y atender los riesgos asociados al fenómeno El Niño. El dictamen recibió 35 votos a favor, 18 en contra y seis abstenciones, autorizando al Ejecutivo a legislar sobre 27 puntos específicos durante un plazo de 90 días calendario.

La propuesta obtuvo el respaldo de Fuerza Popular y Renovación Popular, cuyos integrantes votaron en bloque a favor. También contó con el apoyo parcial de las bancadas de Obras y Buen Gobierno. En contraste, Juntos por el Perú y Ahora Nación se opusieron a la delegación, mientras que otros parlamentarios optaron por abstenerse o votar de manera distinta a la posición mayoritaria de sus agrupaciones.

El presidente de la Comisión de Constitución del Senado, Carlos Mesía, sustentó el dictamen ante el pleno y explicó que se incorporaron siete facultades adicionales a las 20 aprobadas previamente por la Cámara de Diputados. El legislador señaló que las modificaciones buscan proporcionar al Ejecutivo instrumentos legales para intervenir en asuntos relacionados con la criminalidad organizada y la prevención de emergencias.

En materia de seguridad ciudadana, las facultades contemplan medidas para fortalecer los servicios de inteligencia, mejorar los controles migratorios y reforzar la fiscalización de armas, municiones y explosivos. También incluyen disposiciones para combatir la extorsión, el sicariato y el secuestro, así como mecanismos de identificación y bloqueo de teléfonos celulares utilizados en actividades delictivas.

Respecto al fenómeno El Niño, el dictamen incorpora medidas para agilizar la entrega de ayuda humanitaria, facilitar proyectos de infraestructura y ampliar los mecanismos de inversión destinados a la prevención y recuperación frente a desastres. Entre las disposiciones figura la posibilidad de que el Instituto Nacional de Defensa Civil entregue directamente asistencia durante los primeros quince días posteriores a una emergencia.

La aprobación permitirá al Gobierno desarrollar normas mediante decretos legislativos dentro de las materias autorizadas, sin sustituir las funciones de supervisión del Congreso. El desafío será convertir estas atribuciones en medidas concretas, con resultados verificables en materia de seguridad y capacidad de respuesta ante fenómenos climáticos, respetando los límites constitucionales y los mecanismos de control correspondientes.