Siete internos considerados de alta peligrosidad fueron trasladados del penal Ancón I mediante un operativo conjunto que incluyó el despliegue de una aeronave de la Fuerza Aérea del Perú (FAP). La intervención, ejecutada el 20 de octubre, estuvo a cargo del Comando Unificado y tuvo como finalidad reforzar el control penitenciario y prevenir posibles actividades delictivas organizadas desde los centros de reclusión.

La medida fue adoptada después de labores de inteligencia y contrainteligencia realizadas por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE). Según las autoridades, estas investigaciones permitieron identificar riesgos para la seguridad del establecimiento y detectar mecanismos de organización entre determinados internos, lo que motivó su reubicación bajo estrictas medidas de vigilancia.

El operativo movilizó a agentes del Grupo de Operaciones Especiales (GOES) del INPE, efectivos de la Policía Nacional y personal de la Marina de Guerra. La Fuerza Aérea proporcionó el transporte aéreo necesario para ejecutar el desplazamiento hacia otro establecimiento penitenciario, cuyo destino no fue precisado en la información oficial inicialmente difundida.

Entre los internos trasladados figuran Víctor Junior Galarza Benvenuto, conocido como alias Canco; Jimmy Bazán Valderrama, Chato Bazán; Yojairo Arancibia Seminario, JJ; Adam Smith Lucano Cotrina, Jorobado; Wilmer Agurto Serrano, Antony; Carlos Herbozo Espinoza, Delean; y Víctor Meza Escobar, Chileno. Todos fueron incluidos en el procedimiento de seguridad dispuesto por las autoridades penitenciarias.

El presidente del INPE, Abraham Lescano Salazar, explicó que las evaluaciones especializadas permitieron determinar el grado de organización que mantenían los reclusos dentro del penal. Asimismo, señaló que la coordinación interinstitucional permitió establecer medidas de protección durante el desplazamiento, incluyendo la vigilancia del perímetro y el acompañamiento policial del convoy.

El traslado forma parte de las intervenciones destinadas a reforzar la autoridad del Estado en los establecimientos penitenciarios y limitar la capacidad de organización de estructuras criminales desde las cárceles. Aunque la reubicación constituye una medida de seguridad, su efectividad dependerá también del fortalecimiento de los controles internos, las comunicaciones y las labores permanentes de inteligencia penitenciaria.