La presidenta del Tribunal Constitucional (TC), Luz Pacheco, expresó preocupación por la reiteración de allanamientos practicados por el Ministerio Público, a los que calificó de “llamativos”. Según dijo, existen casos en que, pese a no hallarse elementos relevantes en una primera diligencia, las autoridades vuelven a intervenir el mismo inmueble, lo que —a su juicio— desnaturaliza una medida que debería ser extraordinaria.

“Un allanamiento no puede convertirse en práctica común. No puede ser normal para ningún ciudadano que a cada rato estén ingresando a su propiedad”, advirtió, aunque matizó que hay situaciones y situaciones, citando como ejemplo las investigaciones referidas a organizaciones criminales como la denominada ‘El Monstruo’, donde la excepcionalidad podría estar justificada por la complejidad delictiva.

Las declaraciones de Pacheco se producen en medio del reciente allanamiento mediático a la vivienda de Nicanor Boluarte, hermano de la presidenta de la República, lo que reavivó el debate sobre los límites y el control judicial de estas medidas intrusivas. La magistrada precisó que sus comentarios no apuntan a un caso específico, sino a la necesidad de preservar el carácter excepcional de la figura y el estándar probatorio que la habilita.

En paralelo, la titular del TC se pronunció sobre la infraestructura penitenciaria y respaldó la urgencia de ampliar la capacidad carcelaria en el país, aunque marcó distancia de modelos como el de El Salvador. “No se deben replicar cárceles en las que se violan derechos fundamentales”, señaló, planteando que cualquier expansión debe cumplir estándares constitucionales y de derechos humanos.

Respecto del reciente fallo del TC que fija pautas para la actuación fiscal frente a la jefatura del Estado, Pacheco remarcó que no se trata de una decisión “con nombre propio”, sino de protección a la investidura presidencial. En esa línea, pidió investigaciones “cuidadosas”, con pedidos de información pertinentes, pero evitando citaciones reiteradas que puedan interferir con la conducción de la política de Estado.