La Junta de Fiscales Supremos advirtió que el Ministerio Público enfrenta un déficit presupuestal de al menos 81 millones de soles para el 2025, situación que afecta directamente a los subsistemas fiscales y a las áreas de apoyo a la labor de la fiscalía. El pronunciamiento, encabezado por la fiscal de la Nación, Delia Espinoza, remarcó que sin estos recursos se verán comprometidas funciones esenciales para el combate a la criminalidad en el país.

Espinoza detalló que la falta de presupuesto obligará a reducir o suspender acciones clave como peritajes, operativos contra la minería ilegal, lucha contra el lavado de activos, el tráfico ilícito de drogas y la trata de personas. Asimismo, advirtió que se verán limitadas las investigaciones sobre delitos ambientales, comercio ilegal de fauna silvestre, violencia contra la mujer y fraudes cibernéticos.

En su intervención, la fiscal de la Nación pidió al Ejecutivo y al Congreso asignar los recursos necesarios para cumplir con la ley de homologación de los fiscales de todos los niveles, así como con la escala remunerativa de los trabajadores del Ministerio Público. Subrayó que, pese a las gestiones realizadas por la institución, el presupuesto de este año sufrió un recorte superior a los 123 millones de soles y que para el 2026 se proyecta una reducción de casi 145 millones.

“La justicia no es un gasto, es una inversión indispensable para fortalecer nuestra democracia. Queremos que se nos otorguen recursos para combatir juntos la criminalidad que padecen miles de personas”, manifestó Espinoza, enfatizando que el compromiso del Ministerio Público con un país más justo y seguro se mantiene firme.

El pronunciamiento fue suscrito por todos los miembros de la Junta de Fiscales Supremos: Pablo Sánchez, Zoraida Ávalos, Juan Carlos Villena, Tomás Gálvez Villegas y Patricia Benavides Vargas, quienes coincidieron en que la falta de recursos compromete la capacidad de respuesta de la institución frente a las demandas de la ciudadanía.