El presidente del Consejo de Ministros, Luis Arroyo Sánchez, declaró que afronta una investigación penal en curso por el presunto delito de falsedad ideológica, situación que ha generado cuestionamientos en torno a su reciente ascenso dentro del Gobierno. El general del Ejército en retiro llegó al cargo tras una rápida trayectoria en el sector público en los últimos meses.

Arroyo asumió la jefatura del Instituto Nacional de Defensa Civil en noviembre de 2025, durante la gestión de José Jerí, y permaneció en el cargo por tres meses. Posteriormente, en febrero de este año, fue designado como ministro de Defensa por el mandatario interino José Balcázar, función que ejerció por menos de un mes antes de ser nombrado jefe del Gabinete Ministerial.

Fuentes cercanas al entorno del premier señalaron que Arroyo mantiene un estilo de gestión activo y enérgico, aunque advirtieron dificultades en su comunicación. Según indicaron, pese a asumir nuevas responsabilidades, continuaba dirigiendo con un enfoque similar al que aplicaba en Indeci, lo que habría generado críticas internas sobre su desempeño.

Asimismo, voces del ámbito militar cuestionaron su preparación para liderar tanto el organismo de defensa civil como el Ministerio de Defensa. Un excompañero de promoción expresó dudas sobre su experiencia en gestión pública y en manejo de riesgos, señalando que su designación respondería más a decisiones políticas que a criterios técnicos.

El historial del ahora premier también incluye un proceso en el fuero militar. En 2019, la Sala Suprema de Guerra del Fuero Militar Policial lo condenó a tres años de prisión efectiva por el delito de exceso en el ejercicio del mando, junto a otro oficial. Sin embargo, tras una revisión posterior, el mismo tribunal anuló la sentencia y absolvió a ambos generales al considerar que no se configuraba un ilícito penal.

La situación judicial y los cuestionamientos a su trayectoria se suman a los retos que enfrenta el Gobierno en un contexto político complejo. Arroyo ha señalado previamente que su gestión buscará garantizar una transición democrática ordenada, así como atender temas prioritarios como la respuesta al fenómeno de El Niño y la seguridad energética del país.