A pocas semanas de las Elecciones Generales 2026, un total de 485 candidatos a diputados, senadores y al Parlamento Andino registran sentencias judiciales en su historial, de acuerdo con la revisión de sus declaraciones juradas en la Plataforma Electoral. El hallazgo se da en un contexto en el que más del 45% del electorado aún no define su voto, según diversos sondeos.

El partido con mayor número de postulantes sentenciados es Alianza para el Progreso (APP), que acumula 53 candidatos con condenas, seguido por Fuerza Popular con 32 y Podemos Perú con 33. También figuran Perú Primero con 29 y Perú Libre con 22. Otras agrupaciones como Juntos por el Perú y Somos Perú registran 20 casos cada una.

En total se contabilizan 693 sentencias entre los 485 candidatos observados. La mayoría corresponde a procesos civiles por temas familiares y alimentarios (209) y asuntos contractuales (95). También se reportan condenas por violencia familiar (61), omisión de asistencia familiar (22), temas laborales (17) y delitos como peculado (16), difamación (15), falsa declaración administrativa y usurpación (13), entre otros.

Las cifras incluyen además delitos como apropiación ilícita, falsificación de documentos, lesiones leves, estafa, hurto y conducción en estado de ebriedad. Incluso se registran casos por homicidio culposo, lesiones graves y delitos contra la administración pública, lo que ha generado cuestionamientos sobre los filtros aplicados por las organizaciones políticas al momento de seleccionar a sus postulantes.

El politólogo Alejandro Mejía, profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, advirtió que la presencia masiva de candidatos con antecedentes judiciales evidencia la debilidad de la reforma política y de los mecanismos internos de los partidos. Señaló que la eventual elección de postulantes con condenas podría afectar la calidad de la representación y fomentar escenarios de impunidad bajo el amparo de la inmunidad parlamentaria.

Para el especialista, la responsabilidad recae principalmente en las agrupaciones políticas, a las que acusó de no fortalecer sus estándares éticos ni sus procesos democráticos internos. Consideró que la proliferación de candidaturas con sentencias desalienta la participación de ciudadanos con vocación de servicio y debilita la confianza en el sistema político.