El informe final de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos del Congreso de Perú concluyó que los siete miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) no cometieron faltas graves en el ejercicio de sus funciones, desestimando por completo las imputaciones presentadas por la legisladora Patricia Chirinos. La legisladora buscaba remover a los miembros de la JNJ mediante una moción.

El informe, que consta de cien páginas y al que tuvo acceso Infobae Perú en exclusiva, aborda una por una las denuncias presentadas por Chirinos Venegas contra la JNJ y las descarta. No obstante, el documento sugiere que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales debería analizar si los magistrados Imelda Tumialán, Aldo Vásquez, Henry Ávila, Antonio de la Haza, María Zavala y Guillermo Thornberry infringieron el artículo 99 de la Constitución al interpretar el límite de edad de Inés Tello para ser parte de la JNJ y por no presentar informes anuales.

El informe también recomienda a la JNJ que evite pronunciarse sobre investigaciones en otros poderes del Estado. Las conclusiones del informe serán sometidas a votación en la Comisión de Justicia, y si se aprueba, se pasará al Pleno para su ratificación final.

La legisladora Chirinos solicitó una extensión de siete días adicionales para investigar si la JNJ cometió irregularidades en la designación de Antonio Fernández Jerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público, pero la comisión no abordó este tema en su informe final.

El informe desglosa las denuncias de Chirinos y, en su mayoría, las desestima. Por ejemplo, respecto a un comunicado suscrito por varios miembros de la JNJ, el informe señala que "no se encuentra causa grave" ya que el comunicado fue público y no tuvo un efecto significativo en el proceso. En cuanto a las acusaciones de presión sobre el presidente del Poder Judicial, Javier Arévalo, para que la Corte Suprema emitiera un pronunciamiento en un caso, el informe concluye que no hay pruebas suficientes para corroborar su veracidad.