Tal como lo había anunciado el presidente del Consejo de Ministros, Pedro Angulo, se dio de baja a todos los prefectos del país tras la emisión de la Resolución Suprema 286-2022-IN.

Y es que muchos de estos funcionarios del Estado, que fueron colocados en sus cargos por el expresidente Pedro Castillo Terrones, cumplían labores de desestabilización, promoviendo algunas de las acciones violentistas registradas en los últimos días.

Los órganos de inteligencia bajo las órdenes del nuevo Gobierno de Dina Boluarte comprobaron que los prefectos no estaban cumpliendo las funciones que determina la ley, y, por el contrario, se organizaban para atentar contra el Estado de derecho.

De esta manera se dio por concluidas las labores de los prefectos regionales de Áncash, La Libertad, Apurímac, Ucayali, Tacna, Arequipa, Lima, Junín, Huánuco, Madre de Dios, Cusco, Callao, San Martín, Huancavelica, Pasco, Loreto, Cajamarca, Tumbes, Lambayeque, Puno, Ayacucho, Amazonas, Lima provincias e Ica.

Por su parte, el ministro del Interior, César Cervantes, ya había advertido que prefectos y subprefectos provocarían a la población para que se desarrollen desmanes, por lo que serían removidos de sus cargos.