La Comisión de Fiscalización del Congreso citó a los empresarios chinos Zhihua Yang y Ji Wu Xiaodong para este miércoles 11 de febrero, con el fin de que aclaren las circunstancias de sus reuniones no oficiales con el presidente José Jerí. La convocatoria se produce en medio de una creciente controversia política y de investigaciones fiscales que buscan determinar si existieron gestiones irregulares vinculadas a dichos encuentros.

De confirmarse su asistencia, será la primera vez que ambos empresarios afronten cuestionamientos directos en sede parlamentaria sobre su relación con el mandatario y los motivos de las visitas realizadas fuera de la agenda oficial. La comisión ya había convocado previamente al jefe de Estado y a los ministros del Interior y de Energía y Minas, en el marco de las diligencias por este caso.

La sesión, presidida por el congresista Elvis Vergara, está programada para las 14:00 horas en la sala Carlos Torres y Torres Lara del edificio Víctor Raúl Haya de la Torre. El objetivo es recoger versiones directas sobre el denominado “Chifagate”, originado tras la difusión de un encuentro ocurrido el 26 de diciembre, cuando el presidente acudió de manera reservada a un local de propiedad de Zhihua Yang.

La polémica se intensificó luego de conocerse que Ji Wu Xiaodong, también citado, mantiene una situación judicial compleja, con una orden pendiente por presuntos vínculos con una organización criminal, por lo que actualmente cumple arresto domiciliario. Este hecho ha incrementado las dudas sobre la naturaleza de las reuniones sostenidas con el jefe de Estado.

La invitación del Congreso incluye una serie de interrogantes clave, entre ellas desde cuándo y en qué contexto los empresarios conocen al presidente Jerí, si las reuniones fueron coordinadas por canales oficiales, qué temas se abordaron, si existieron compromisos formales y por qué se eligieron espacios informales para tratar asuntos que podrían involucrar intereses públicos.

En paralelo, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abierta una investigación preliminar por presunto cohecho en agravio del Estado. El fiscal de la Nación interino, Tomás Gálvez, ha señalado que el caso está a cargo de una fiscalía provincial y no se descarta la adopción de medidas adicionales, como el levantamiento del secreto bancario y de las comunicaciones, en función de la información que se obtenga tanto en el ámbito fiscal como en el parlamentario.